Causa Vialidad: fiscales piden extender restricciones patrimoniales
El pedido busca evitar maniobras que impidan el decomiso de bienes ordenado por la Justicia
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este martes al Tribunal Oral Federal N.º 2 que se extiendan las restricciones patrimoniales impuestas a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y todos los condenados en la causa Vialidad, con el objetivo de garantizar el decomiso de bienes ordenado por la Justicia.
Medida preventiva para asegurar el decomiso
En un escrito formal presentado al tribunal, los fiscales advirtieron que resulta urgente impedir cualquier maniobra que pueda afectar el patrimonio de los imputados y, por ende, el cumplimiento efectivo de la sentencia judicial.
“Este Ministerio Público Fiscal viene insistiendo en que se adopten en tiempo oportuno los recaudos del caso“, señalaron Luciani y Mola.
El planteo refuerza la intención del Ministerio Público de preservar los activos de los condenados hasta que se ejecute el decomiso definitivo, una vez finalizado el proceso de estimación económica.
Restricciones para todos los condenados
Los fiscales solicitaron que las restricciones patrimoniales se apliquen de manera igualitaria a todos los involucrados en el expediente, sin distinción de cargo o jerarquía. Entre ellos, se encuentra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El pedido también alcanza al empresario Lázaro Báez, quien recibió la misma pena, y a otros ex funcionarios nacionales.
Diferencias en los peritajes económicos
Este nuevo requerimiento se produce en un momento clave del proceso: el tribunal debe definir el monto total del decomiso, tarea que enfrenta fuertes discrepancias entre los informes periciales elaborados por la Fiscalía, la defensa y los peritos oficiales del tribunal.
Según trascendió, mientras que la Fiscalía calcula un perjuicio económico superior a los $84.000 millones, los informes de la defensa cuestionan tanto la metodología como los criterios de evaluación utilizados.
Una causa de alto perfil institucional
La causa Vialidad investiga la adjudicación de 51 obras públicas a empresas vinculadas a Báez en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. El juicio oral culminó en 2022 con condenas por defraudación al Estado, aunque la instancia de apelación ante la Cámara de Casación aún está pendiente.
Este nuevo pedido de restricción de bienes se inscribe en la estrategia del Ministerio Público para asegurar el resarcimiento económico, en caso de que la sentencia quede firme.
LEER: Veranico: Dos fines de semana para vivir el verano en San Nicolás
