Puertos bajo tensión: el conflicto con los prácticos frena buques y amenaza exportaciones
La negativa de los profesionales a tomar nuevos servicios continúa afectando la navegación en distintos puntos del país. El sector agroexportador calcula costos de hasta 100.000 dólares diarios por cada embarcación demorada, mientras también aparecen complicaciones en proyectos energéticos.
La actividad portuaria argentina atraviesa una situación crítica debido a la falta de prácticos disponibles para asistir a los buques. El conflicto comenzó después de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno nacional modificó las reglas que regulaban el practicaje y el pilotaje desde 1991.
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Los prácticos son profesionales especializados que asesoran a los capitanes durante el ingreso, la salida y las maniobras de los barcos en puertos, canales y pasos de navegación compleja. Sin esa asistencia, numerosas embarcaciones no pueden completar sus operaciones con normalidad.
La protesta no fue presentada formalmente como una medida sindical. Los profesionales, que trabajan de manera independiente, resolvieron de forma coordinada no aceptar nuevas contrataciones, una decisión que comenzó a generar demoras en terminales marítimas y fluviales.
Qué cambió con el Decreto 690/2026
La normativa publicada el 31 de julio estableció un nuevo reglamento para los servicios de practicaje, pilotaje y baquía. Entre otros puntos, dispuso la apertura del registro profesional sin límites numéricos, permitió la contratación directa de prácticos y amplió las condiciones bajo las cuales determinados buques pueden quedar exceptuados de utilizar el servicio.
El decreto también autoriza a la Prefectura Naval Argentina a prestar el servicio en situaciones excepcionales que impidan el funcionamiento normal del sistema. Incluso contempla la posibilidad de solicitar la intervención de la Armada Argentina.
La intención oficial es aumentar la competencia y reducir los costos vinculados con la navegación. Al defender la reforma, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”.
Sin embargo, los cambios provocaron el rechazo de los profesionales, quienes cuestionan el nuevo esquema y sus posibles consecuencias para la seguridad de la navegación.
Prefectura exigió que se reanuden los servicios
Ante la acumulación de buques sin operar, la Prefectura Naval intimó a los prácticos para que retomaran sus tareas. La advertencia incluyó la posibilidad de aplicar sanciones administrativas y realizar presentaciones judiciales si continuaba la interrupción de un servicio considerado esencial para la navegación.
El escenario presenta una dificultad jurídica para el Gobierno: los prácticos no mantienen una relación laboral tradicional ni están desarrollando una huelga convocada por un sindicato. Al tratarse de profesionales independientes que individualmente rechazan nuevas contrataciones, no resulta sencillo aplicar mecanismos laborales como la conciliación obligatoria.
Pese a las intimaciones, la operatoria seguía afectada este martes 4 de agosto en distintos puntos del país, con más de un centenar de embarcaciones alcanzadas por demoras, según reportes del sector portuario.
El sector agroexportador advierte por pérdidas millonarias
Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en el complejo agroindustrial del Gran Rosario, donde se concentra una parte considerable de las exportaciones argentinas.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, indicó que más de 45 barcos permanecían demorados en el polo exportador y alertó que esa cifra podía aumentar rápidamente si el conflicto no era resuelto.
Al describir el costo económico de la paralización, Idígoras sostuvo que “cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día”.
También advirtió que “Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación”.
Además del costo diario de mantener una embarcación inmovilizada, las empresas enfrentan posibles incumplimientos comerciales, modificaciones en los cronogramas de carga y descarga y dificultades para reorganizar el traslado de mercadería hacia las terminales.
La crisis también alcanza al sector energético
Las consecuencias del conflicto no se limitan al comercio de granos. La falta de servicios portuarios también comenzó a interferir en actividades vinculadas con la producción y el transporte de energía.
En Bahía Blanca, las restricciones operativas afectaron tareas relacionadas con la terminal marítima del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, una infraestructura destinada a facilitar la exportación de petróleo desde la formación neuquina.
Representantes del sector energético señalaron que las operaciones de distintas compañías permanecen interrumpidas por la falta de prácticos y advirtieron que una prolongación del conflicto podría generar dificultades logísticas y problemas en el transporte de combustibles.
Un conflicto que se extiende por los principales corredores navegables
La falta de profesionales disponibles afecta puertos desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. Los mayores inconvenientes se registran en el Río de la Plata, el río Paraná y las terminales del Gran Rosario, especialmente en las zonas de San Lorenzo y Timbúes.
Por esos corredores se moviliza la mayor parte del comercio exterior argentino. Por esa razón, cámaras empresariales y actores del sector reclaman una solución inmediata que permita restablecer la circulación de los barcos.
Mientras el Gobierno sostiene que el nuevo régimen busca eliminar restricciones, ampliar la competencia y reducir costos, los prácticos cuestionan las condiciones de la reforma. La continuidad del enfrentamiento amenaza con aumentar las pérdidas económicas y trasladar las consecuencias a otros sectores productivos.
Lectura rápida
¿Por qué están afectados los puertos?
Porque numerosos prácticos resolvieron no aceptar nuevas contrataciones después de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026.
¿Qué tarea cumplen los prácticos?
Asesoran a los capitanes durante el ingreso, la salida y las maniobras de los buques en puertos, ríos, canales y pasos complejos.
¿Qué cambió con el decreto?
Se eliminaron los límites para inscribir profesionales, se habilitó la contratación directa, se modificaron algunas exigencias y se autorizó a Prefectura a prestar el servicio en circunstancias excepcionales.
¿Cuánto cuesta tener un barco demorado?
El sector agroexportador estimó un costo de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios por embarcación.
¿Qué actividades están alcanzadas?
La exportación de granos, la navegación comercial, los proyectos petroleros y otras operaciones vinculadas con el abastecimiento energético.
¿Dónde se registra el mayor impacto?
En el Río de la Plata, la Hidrovía Paraná-Paraguay, Bahía Blanca y las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
