Fallo contra Atanor: la Justicia determinó que contaminó de forma irreversible el río Paraná en San Nicolás
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó un recurso presentado por Atanor y dejó firme una sentencia que responsabiliza a la empresa por contaminación del río Paraná con efluentes industriales provenientes de su actividad en San Nicolás. La resolución judicial también expuso deficiencias en los tratamientos aplicados por la compañía y cuestionamientos sobre los controles realizados por organismos provinciales.
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La causa comenzó hace 12 años a partir de una presentación de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná. Durante el proceso judicial se denunciaron irregularidades vinculadas al funcionamiento de la planta y falencias en las tareas de fiscalización estatal.
El máximo tribunal provincial consideró acreditada la presencia de atrazina en concentraciones superiores a los parámetros admitidos y determinó que los tratamientos utilizados por la empresa resultaron insuficientes para eliminar los compuestos contaminantes.
Un conflicto ambiental que lleva décadas
El abogado Fabián Maggi, representante de la asociación civil que inició la causa, destacó la importancia de la decisión judicial ante los nuevos episodios ambientales registrados durante 2026.
“La decisión constituye el capítulo más reciente de un conflicto ambiental que lleva décadas y que involucra a una de las principales industrias químicas instaladas en el corazón urbano de San Nicolás, a escasa distancia de barrios residenciales y a orillas del río Paraná”, expresó.
El letrado sostuvo que el pronunciamiento “adquiere una relevancia todavía mayor frente a nuevos episodios de contaminación detectados durante 2026 y a los crecientes interrogantes sobre la extensión del daño ambiental y la dudosa eficacia de los controles desarrollados por los organismos provinciales”.
Detectaron residuos de agroquímicos en descargas hacia el Paraná
En análisis realizados sobre muestras recolectadas entre febrero y abril de este año se detectaron residuos de agroquímicos y productos derivados de su degradación en sistemas pluviales que desembocan en el río Paraná.
Los estudios fueron realizados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet sobre muestras tomadas por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires.
Entre las sustancias identificadas se encuentran glifosato, AMPA —principal producto de degradación del glifosato—, atrazina y diferentes metabolitos asociados a este herbicida.
Una de las muestras presentó concentraciones elevadas de Atrazina-Hidroxi.
La sentencia también cuestionó los controles provinciales
Según explicó Maggi, la resolución judicial analizó el funcionamiento de los organismos encargados de controlar las actividades industriales con riesgo ambiental.
El abogado señaló que el fallo ponderó el “marco de ilegalidad” en el que funcionaba la empresa y las “graves deficiencias en la actuación de organismos provinciales encargados de controlar una actividad industrial de alto riesgo ambiental”.
“Entre los aspectos más preocupantes, la sentencia señala expresamente la falta de controles suficientes por parte de la Autoridad del Agua y del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, organismos que no verificaban todos los compuestos relacionados con la actividad desarrollada por Atanor”, afirmó.
Durante 2026 también se registraron nuevos episodios vinculados a sustancias contaminantes en las inmediaciones de la planta. En una de las inspecciones realizadas por la Autoridad del Agua se detectó una conexión clandestina.
Reclaman determinar la verdadera dimensión del daño ambiental
Tras conocerse la resolución judicial, el representante de la asociación civil planteó la necesidad de realizar estudios que permitan establecer la extensión territorial y temporal de la contaminación.
“Durante décadas, miles de personas han vivido alrededor de un complejo químico instalado dentro de la ciudad y junto a uno de los cursos de agua más importantes del país. La sentencia obliga ahora a formular una pregunta elemental: si la propia Justicia comprobó que existieron contaminación, irregularidades empresariales y controles estatales insuficientes, ¿cuál fue la verdadera extensión territorial y temporal de esa contaminación y qué medidas se adoptaron para determinar sus posibles consecuencias sobre el ambiente y la población circundante?”, manifestó.
El fallo también estableció que la ausencia de una norma obligatoria específica sobre determinados niveles de contaminación no impide utilizar valores guía o estándares técnicos para prevenir daños y proteger el ambiente.
Maggi consideró que esta definición resulta relevante para establecer la dimensión de la contaminación histórica y conocer la presencia de sustancias químicas en diferentes componentes ambientales.
“Esta definición resulta fundamental para una ciudad que todavía necesita respuestas claras sobre la dimensión real de la contaminación histórica, la presencia de sustancias químicas en diferentes componentes ambientales y la eficacia de las medidas adoptadas para evitar la continuidad o expansión del daño”, expresó.
Piden una investigación ambiental integral en San Nicolás
El abogado sostuvo que, luego de la sentencia, resulta necesario determinar hasta dónde llegó la contaminación, cuánto tiempo permanecieron las sustancias en el ambiente y cuáles serán las medidas destinadas a proteger a la población.
“Si durante años existieron contaminación, controles insuficientes y una población viviendo en las inmediaciones de una industria química de alto riesgo, el Estado tiene ahora la obligación de explicar hasta dónde llegó esa contaminación, cuánto tiempo persistió, qué sustancias permanecen actualmente en el ambiente y qué medidas concretas se adoptarán para proteger a quienes viven en el territorio afectado. Después de esta sentencia ya no alcanza con controlar algunos puntos, analizar algunas sustancias o producir informes administrativos aislados. San Nicolás necesita una investigación ambiental integral, independiente y transparente que permita conocer la verdadera dimensión de una contaminación histórica que durante demasiado tiempo convivió, y aún convive, con la ciudad”, afirmó Maggi.
Atanor avanza con la relocalización de la planta
Actualmente, Atanor se encuentra en proceso de relocalización después de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la producción de agroquímicos en la planta ubicada en San Nicolás.
El proceso de desmantelamiento, limpieza y traslado de la actividad industrial también generó pedidos de seguimiento por parte de organizaciones ambientales.
Greenpeace Argentina y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) solicitaron que las tareas se realicen bajo un monitoreo riguroso y con controles ambientales adecuados para evitar nuevos riesgos durante el proceso.
Lectura rápida: preguntas y respuestas
¿Qué resolvió la Justicia bonaerense sobre Atanor?
Dejó firme una sentencia que responsabiliza a la empresa por contaminación del río Paraná con efluentes industriales derivados de su actividad en San Nicolás.
¿Qué sustancia fue determinante en la causa judicial?
La presencia de atrazina en cantidades superiores a los parámetros admitidos.
¿Cuánto tiempo lleva la causa judicial?
El proceso comenzó hace 12 años.
¿La sentencia cuestionó los controles estatales?
Sí. El fallo señaló deficiencias en los controles realizados por organismos provinciales encargados de fiscalizar la actividad industrial.
¿Qué sustancias fueron detectadas recientemente?
Glifosato, AMPA, atrazina y diferentes metabolitos vinculados a este herbicida.
¿Qué reclaman después de conocerse la sentencia?
Una investigación ambiental integral, independiente y transparente que permita determinar la extensión de la contaminación y sus posibles consecuencias sobre el ambiente y la población.
¿Qué ocurre actualmente con la planta de Atanor?
Se encuentra en proceso de relocalización luego de la suspensión definitiva de la producción de agroquímicos en San Nicolás.
