Karina Milei y el Fondo Rotatorio: cuestionan la falta de información sobre gastos vinculados a tarjetas oficiales
La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, quedó en el centro de una controversia luego de conocerse que el Fondo Rotatorio destinado a gastos operativos pasó de $471,5 millones a más de $1.135 millones en apenas un año, lo que representa un incremento cercano al 141%.
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📲 Click AQUÍ La ampliación fue establecida mediante la Resolución 35/2026, firmada por la propia funcionaria, que además autorizó operaciones individuales de hasta $50 millones y exceptuó de ese límite determinados gastos vinculados a servicios esenciales, viajes presidenciales y embargos.
En el marco de un pedido de acceso a la información pública, la Secretaría General informó la existencia de 140 tarjetas recargables, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos de la plataforma de administración bancaria utilizada para gestionar estos recursos.
Sin embargo, la información entregada no incluyó los detalles de los consumos realizados. Entre los datos que no fueron aportados figuran los movimientos de las tarjetas, comercios donde se efectuaron gastos, montos, comprobantes, facturas, expedientes administrativos y rendiciones correspondientes.
Dentro de la nómina oficial aparecen asociados a tarjetas corporativas distintos funcionarios y colaboradores de la estructura presidencial. Entre ellos figuran Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Eduardo “Lule” Menem, además de otros responsables de áreas administrativas y operativas.
Otro de los puntos observados es que funcionarios encargados de la administración del Fondo Rotatorio también aparecen vinculados al sistema de tarjetas corporativas. Entre ellos se encuentran Gabriela Winnik, responsable formal del fondo, y Marcelo Luque Mariño, designado como subresponsable mediante la misma resolución.
La documentación oficial también señala que la plataforma utilizada por el Banco Nación permite acceder al detalle de consumos, movimientos, comercios y operaciones realizadas por cada tarjeta. No obstante, esa información no fue incluida en la respuesta brindada al pedido de acceso a la información.
Además, se informó la existencia de un sumario administrativo relacionado con el uso de tarjetas corporativas. Según la respuesta oficial, la investigación concluyó sin determinar perjuicio fiscal para el Estado. Sin embargo, el expediente completo no fue difundido, por lo que no se conocieron los hechos analizados ni los fundamentos de la resolución adoptada.
El debate se profundizó debido a que los procedimientos internos establecen que cada gasto debe quedar respaldado mediante comprobantes, expedientes electrónicos y rendiciones específicas. Hasta el momento, los detalles de esas operaciones no fueron dados a conocer.
La situación reavivó cuestionamientos sobre los mecanismos de control y transparencia en el manejo de fondos públicos, especialmente en un contexto donde el Gobierno nacional sostiene como una de sus principales banderas la reducción y fiscalización del gasto estatal.
Lectura rápida: preguntas y respuestas
¿Qué es el Fondo Rotatorio?
Es una herramienta administrativa utilizada para afrontar gastos operativos, viáticos, servicios y otras erogaciones de funcionamiento.
¿Cuánto dinero maneja actualmente?
Según la Resolución 35/2026, supera los $1.135 millones.
¿Cuánto había sido asignado el año anterior?
Aproximadamente $471,5 millones.
¿Quién está a cargo de la Secretaría General de la Presidencia?
Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.
¿Qué información entregó Presidencia?
La cantidad de tarjetas vigentes, usuarios habilitados y áreas vinculadas al sistema.
¿Qué datos no fueron informados?
Los consumos realizados, montos, comercios, proveedores, comprobantes, rendiciones y expedientes relacionados con los gastos.
¿Qué funcionarios aparecen asociados a tarjetas corporativas?
Entre otros, Karina Milei, Victoria Villarruel y Eduardo “Lule” Menem.
¿Existe una investigación interna sobre tarjetas oficiales?
Sí. Presidencia informó la existencia de un sumario administrativo que concluyó sin determinar perjuicio fiscal.
¿Se difundió el expediente completo de esa investigación?
No. Los detalles del caso no fueron puestos a disposición públicamente.
¿Cuál es el principal cuestionamiento?
La falta de acceso al detalle de los gastos realizados con recursos administrados por la Secretaría General de la Presidencia.
