Fentanilo contaminado: ya son 124 las muertes investigadas en todo el país
La causa por el suministro de fentanilo adulterado que provocó múltiples fallecimientos sigue sumando víctimas: hasta la fecha, se investigan 124 muertes vinculadas al brote, según consta en el dictamen de procesamiento de 14 acusados, entre ellos Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
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📲 Click AQUÍ De acuerdo con el documento judicial de más de 400 páginas, la distribución de los decesos es la siguiente: 54 en Buenos Aires, 50 en Santa Fe, siete en Córdoba, tres en Formosa y uno en Capital Federal.
El 25 de septiembre, el juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a García Furfaro por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales, involucrado en el fallecimiento de 20 personas, en concurso real con la fabricación de sustancias medicinales peligrosas. Según la investigación, él y 16 miembros del plantel de ambos laboratorios tomaron decisiones sobre la fabricación, distribución y venta del lote 31202 del opioide, destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024.
Además del propietario, fueron procesados con prisión provisoria: Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria).
Por otra parte, se dictaron procesamientos sin prisión preventiva para: Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica.
El juez también estableció embargos millonarios:
- Ariel Fernando García: $1.000.000.000
- Diego Hernán García, Nilda Furfaro y Javier Tchunkrán: $5.000.000.000
- José Maiorano, Carolina Ansaldi y Adriana Iúdica: $100.000.000.000
- Rocío del Cielo Garay y Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar: $10.000.000.000
- Eduardo Darchuk, Carolina Ansaldi, María Victoria García y Wilson Daniel Pons: $50.000.000.000
El caso sigue siendo uno de los más graves en materia de adulteración de medicamentos en la Argentina, con repercusiones penales y sanitarias a nivel nacional.
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