Apuestas online: las empresas buscan limitar las nuevas restricciones que debate el Senado
El sector pide que la regulación se concentre en las plataformas ilegales. En el Congreso conviven dos proyectos con diferencias sobre publicidad, patrocinios deportivos y controles para proteger a menores de edad.
Las empresas de apuestas online buscan influir en el debate legislativo para evitar que las nuevas restricciones alcancen de la misma manera a las plataformas habilitadas y a los operadores ilegales. La discusión se desarrolla en el Senado, donde permanecen pendientes iniciativas con enfoques diferentes sobre cómo regular la actividad.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las compañías del sector sostienen que el Estado debería concentrar sus esfuerzos en perseguir las plataformas que operan sin autorización, en lugar de sumar obligaciones comerciales a las firmas que cuentan con licencia.
Dos proyectos con diferencias sobre la regulación
En el Senado se discuten dos enfoques. Por un lado, está el proyecto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, que propone restricciones más amplias sobre la publicidad, la promoción y los patrocinios vinculados con las apuestas online.
Esa iniciativa también contempla mecanismos de verificación de identidad, un sistema de autoexclusión para quienes buscan limitar su acceso al juego y restricciones sobre determinados medios de pago.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo presentó en mayo de 2026 un proyecto que pone el foco en combatir las apuestas ilegales, impedir el acceso de menores de edad y limitar la publicidad dirigida a ese público o que asocie el juego con el éxito económico, laboral o social.
La propuesta oficial no establece una prohibición general de la publicidad ni de los patrocinios deportivos de las plataformas habilitadas, una de las diferencias centrales respecto del texto aprobado por Diputados.
Qué sanciones contempla el proyecto del Gobierno
La iniciativa del Ejecutivo propone penas de entre tres y seis años de prisión para quienes exploten u organicen sistemas de apuestas sin autorización. También prevé penas de dos a cuatro años para quienes, con conocimiento de la ilegalidad, presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales para facilitar esas operaciones.
Además, contempla herramientas para bloquear dominios y restringir operaciones financieras vinculadas con plataformas no autorizadas.
El debate gira, por lo tanto, no solo en torno a las sanciones contra el juego ilegal, sino también al alcance de los controles sobre las empresas habilitadas y a las medidas de prevención destinadas a reducir la exposición de niños y adolescentes.
La discusión también avanza en la provincia de Buenos Aires
La controversia regulatoria también tiene un capítulo bonaerense. Los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto impulsan una iniciativa con mayores exigencias para las empresas de apuestas.
Entre las medidas propuestas figuran la eliminación de bonos de bienvenida y programas de fidelización, herramientas para bloquear sitios ilegales y un gravamen equivalente al 100% del gasto publicitario de las casas de apuestas destinado a políticas de salud mental.
El proyecto también contempla un aporte sobre los premios para financiar clubes e instituciones sociales.
Mientras las empresas defienden un modelo centrado en perseguir a los operadores sin licencia, quienes promueven mayores restricciones buscan ampliar los controles sobre la publicidad y las prácticas comerciales del sector. La definición legislativa determinará qué obligaciones tendrán las plataformas y qué herramientas se utilizarán para prevenir los riesgos asociados al juego online.
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