Ramallo aprobó nuevas reglas para los camiones: habrá corredores obligatorios, permisos y multas

El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó una nueva ordenanza para regular la circulación de camiones y otros vehículos de gran porte en todo el distrito. La norma crea el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), que contempla corredores obligatorios, un registro municipal de transportistas, permisos de circulación y un régimen de sanciones.

La iniciativa, impulsada por el Departamento Ejecutivo, recibió los votos de Fuerza Patria y Juntos por Ramallo. En cambio, los bloques Hechos y Agrupación Vecinal 24 de Octubre votaron en contra, luego de reclamar que el expediente regresara a comisión para profundizar su análisis.

El objetivo del sistema es ordenar el tránsito pesado, proteger la infraestructura vial urbana y rural y reducir los riesgos para la seguridad vial. También busca unificar disposiciones que hasta ahora estaban distribuidas en distintas ordenanzas.

Qué cambia para los camiones que circulan por Ramallo

El nuevo esquema alcanza a camiones con o sin acoplado, semirremolques, unidades articuladas, vehículos de carga a granel y maquinaria vial o agrícola que circule por la vía pública.

Los transportistas deberán inscribirse en el Registro Municipal de Transporte de Cargas y contar con un permiso obligatorio para ingresar a zonas urbanas, realizar operaciones de carga y descarga y circular por los sectores comprendidos en la normativa.

El permiso podrá emitirse en formato físico o digital. Además, el Departamento Ejecutivo podrá establecer distintas modalidades, entre ellas permisos ocasionales, periódicos y logísticos para determinadas empresas.

La ordenanza contempla excepciones para vehículos de servicios públicos debidamente identificados, unidades de emergencia y utilitarios livianos destinados al reparto urbano, entre otros casos previstos.

Los recorridos habilitados y las zonas restringidas

La normativa establece circuitos de circulación para Ramallo, Villa Ramallo, el Parque Industrial Comirsa, Pérez Millán, Villa General Savio y El Paraíso.

En las áreas urbanas, el tránsito de camiones con acoplado, semirremolques, bateas y tolvas quedará restringido fuera de los recorridos habilitados, salvo que exista una autorización correspondiente.

Para Ramallo y Villa Ramallo, el esquema contempla accesos desde la autopista, el Camino de la Costa y conexiones con rutas provinciales. Para las demás localidades también se determinaron recorridos específicos.

La aplicación de estas reglas apunta a concentrar el tránsito pesado en vías habilitadas y reducir su circulación por calles que no están destinadas a ese tipo de vehículos.

Multas de hasta 2.500 unidades fijas

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es el régimen sancionatorio. Circular sin autorización por zonas restringidas podrá ser sancionado con una multa de 2.500 unidades fijas (UF).

El valor de la unidad fija está vinculado al precio del litro de nafta de mayor octanaje en estaciones de servicio de bandera nacional, por lo que el importe en pesos puede variar.

También se prevén sanciones progresivas por exceso de carga y posibles retenciones de vehículos en los supuestos establecidos por la normativa.

La ordenanza contempla un período inicial de apercibimiento durante los primeros 90 días posteriores a su promulgación. Por eso, la aplicación de las sanciones deberá considerar la fecha en que la norma quede formalmente promulgada y las condiciones previstas para ese período.

Qué ocurrirá con el dinero recaudado

La ordenanza establece que los recursos vinculados con el gravamen de control de la Red de Tránsito Pesado deberán destinarse a obras de infraestructura vial e hídrica relacionadas con esa red, además de programas de seguridad vial.

Para identificar y controlar la utilización del dinero, el Departamento Ejecutivo deberá habilitar partidas específicas.

Este punto fue uno de los cuestionados durante el debate legislativo. Los bloques opositores reclamaron mayores precisiones sobre los mecanismos de cobro, los costos de los permisos y el destino concreto de los recursos.

También plantearon objeciones sobre la participación de los transportistas y de los sectores productivos en el análisis del proyecto.

Una votación dividida en el Concejo Deliberante

La aprobación de la ordenanza profundizó las diferencias políticas en torno a la regulación del tránsito pesado en Ramallo.

Los bloques que acompañaron la iniciativa defendieron la unificación de normas y la necesidad de contar con un sistema que permita ordenar recorridos, establecer controles y destinar recursos al mantenimiento de la infraestructura.

En cambio, Hechos y la Vecinal 24 de Octubre cuestionaron que faltaran precisiones sobre los permisos, los costos, el cobro del gravamen y la administración de los fondos. Ambos sectores habían pedido que el expediente volviera a comisión para una discusión más amplia, pero la moción fue rechazada.

La nueva normativa se incorpora al debate que el municipio mantiene con transportistas y entidades del sector sobre la circulación de camiones y el sistema de control aplicado en el distrito.

Lectura rápida

¿Qué aprobó el Concejo Deliberante de Ramallo?

El Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado, con corredores obligatorios, registro municipal y permisos de circulación.

¿Qué vehículos están alcanzados?

Camiones, semirremolques, unidades articuladas, vehículos de carga a granel y maquinaria vial o agrícola, entre otros vehículos de gran porte.

¿Por qué localidades habrá recorridos habilitados?

Ramallo, Villa Ramallo, el Parque Industrial Comirsa, Pérez Millán, Villa General Savio y El Paraíso.

¿Cuánto puede costar una infracción?

Circular sin autorización por una zona restringida puede recibir una multa de 2.500 unidades fijas, cuyo valor se vincula al precio del combustible.

¿Qué destino tendrá la recaudación?

La normativa prevé que los recursos se utilicen para infraestructura vial e hídrica relacionada con la red y acciones de seguridad vial.

¿Cuándo comenzará a aplicarse el período de apercibimiento?

Durante los primeros 90 días posteriores a la promulgación de la ordenanza. La fecha de inicio debe verificarse en el acto municipal correspondiente.

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