Denuncian un cobro de $2,6 millones por una tobillera electrónica vinculada a un arresto domiciliario
La presentación fue realizada ante el Ministerio Público de San Nicolás. Una mujer aseguró haber transferido el dinero por una supuesta gestión para obtener un dispositivo de monitoreo electrónico, pero el arresto domiciliario no se habría concretado.
Una denuncia presentada ante la Oficina de Denuncias del Ministerio Público de San Nicolás puso bajo investigación un presunto cobro de $2.600.000 relacionado con la obtención de una tobillera electrónica para una persona detenida.
De acuerdo con la presentación, realizada el 19 de agosto, una mujer manifestó que prestó el dinero para afrontar lo que le habían indicado que era el costo necesario para obtener el dispositivo de monitoreo y avanzar con un arresto domiciliario.
Según su relato, posteriormente transfirió los $2,6 millones a una cuenta bancaria particular siguiendo las instrucciones que habría recibido.
Un comprobante y una transferencia forman parte de la denuncia
Siempre según la presentación judicial, al no concretarse la medida domiciliaria, la denunciante solicitó documentación que acreditara el destino del dinero.
La mujer aseguró que recibió un comprobante atribuido a una empresa vinculada con el monitoreo electrónico y que, tras realizar averiguaciones, advirtió que el CUIT consignado en ese documento sería inexistente.
También sostuvo que luego tomó conocimiento de que los dispositivos utilizados para el monitoreo de arrestos domiciliarios son gestionados dentro del sistema estatal.
La documentación oficial de la Provincia de Buenos Aires establece que la Dirección de Monitoreo Electrónico es la encargada de instalar y supervisar los dispositivos destinados a personas alcanzadas por medidas judiciales de arresto domiciliario. El Servicio Penitenciario Bonaerense también informa que administra miles de tobilleras utilizadas para este tipo de medidas.
La mujer reclamó la devolución del dinero
La denunciante manifestó además que el arresto domiciliario que habría motivado el pago no fue otorgado.
Ante esa situación, reclamó que le devolvieran el dinero. Como respaldo de sus dichos, habría aportado a la Justicia capturas de conversaciones, el comprobante de la transferencia, un audio y el recibo que le habría sido entregado.
Por el momento, se trata de una denuncia y las acusaciones deberán ser comprobadas durante la investigación. La existencia de una transferencia o de la documentación aportada no determina por sí sola que se haya cometido un delito ni establece responsabilidades penales.
Lectura rápida
¿Qué se denunció en San Nicolás?
Un presunto cobro de $2,6 millones vinculado con la obtención de una tobillera electrónica.
¿Dónde fue presentada la denuncia?
Ante la Oficina de Denuncias del Ministerio Público de San Nicolás.
¿Qué documentación habría aportado la denunciante?
Una transferencia bancaria, conversaciones, un audio y un recibo.
¿Se concretó el arresto domiciliario?
Según la denuncia, no.
¿El presunto cobro ya fue considerado delito por la Justicia?
No. Los hechos denunciados deben ser investigados y no existe en la información disponible una resolución que determine responsabilidades.
