La Justicia intimó a Adorni a explicar su patrimonio: deberá responder 20 puntos clave
El fiscal federal Gerardo Pollicita le otorgó un plazo de 15 días al exjefe de Gabinete para presentar documentación y responder una serie de interrogantes vinculados con sus bienes, gastos y movimientos de dinero. La investigación se desarrolla por presunto enriquecimiento ilícito.
La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar bajo análisis judicial. Después de las casi 5.000 preguntas que recibió durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, ahora deberá responder 20 requerimientos concretos formulados por la Fiscalía en el marco de la causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito.
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El fiscal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, busca determinar el origen de distintos fondos y operaciones correspondientes al período comprendido entre el ingreso de Adorni a la función pública, el 14 de diciembre de 2023, y su salida del Gobierno, en junio de 2026.
Los números que analiza la Fiscalía
De acuerdo con la reconstrucción incluida en la investigación, durante el período analizado Adorni percibió 35 haberes. Sumados a los ingresos atribuidos a su esposa, Bettina Angeletti, los recursos comprobados alcanzarían los $229.752.283,20.
En el mismo lapso se registraron gastos familiares por $272.820.832,20, lo que arrojaría una diferencia superior a los $43 millones. A su vez, la Fiscalía señaló desembolsos en moneda estadounidense por US$402.578,12 que, según el planteo fiscal, todavía no contarían con una explicación suficiente en relación con los ingresos lícitos comprobados.
Estos datos forman parte de una investigación en curso y no implican por sí mismos una determinación de responsabilidad penal.
Qué deberá explicar Adorni
Los 20 puntos solicitados abarcan distintos aspectos de la economía del grupo familiar. Entre los principales, la Fiscalía pretende conocer:
- El origen de dólares en efectivo declarados patrimonialmente.
- La existencia, entrega y utilización de préstamos atribuidos a terceras personas.
- De dónde provinieron los fondos utilizados para comprar un vehículo Jeep.
- El financiamiento de la adquisición de un lote en el country Indio Cuá.
- El origen de unos US$245.000 que habrían sido destinados a la remodelación de esa propiedad.
- Los fondos utilizados para comprar y equipar un inmueble de la calle Miró.
- El dinero empleado para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares.
- Las operaciones realizadas con criptoactivos y el origen del capital inicial.
- El uso de terceras personas para determinadas compras o pagos.
- Diferentes movimientos en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales.
- La existencia de acreditaciones no salariales y determinadas operaciones comerciales e inmobiliarias.
También deberá explicar cómo fueron valuadas algunas mejoras inmobiliarias y aportar documentación que permita reconstruir el origen y destino de los fondos involucrados.
Tiene 15 días para presentar las respuestas
Pollicita concedió a la defensa de Adorni 15 días para contestar los requerimientos y acompañar la documentación correspondiente, aunque existe la posibilidad de que se solicite una extensión del plazo.
Las respuestas tendrán importancia para definir los próximos pasos de la investigación. Una vez recibida la documentación, deberá evaluarse si las explicaciones permiten justificar las diferencias detectadas o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro del expediente.
Las explicaciones que había dado ante Diputados
Adorni ya había afrontado cuestionamientos sobre su patrimonio durante su presentación del 29 de abril de 2026 en la Cámara de Diputados, cuando recibió cerca de 5.000 preguntas de legisladores sobre diferentes áreas de gestión y también sobre su situación personal.
En aquella oportunidad sostuvo que la evolución de sus bienes podía consultarse en su Declaración Jurada Patrimonial Integral y que la información correspondiente a su esposa y al grupo familiar figuraba en documentación reservada presentada ante la Oficina Anticorrupción.
Ahora, el análisis dejó el terreno político y se concentra en un requerimiento judicial mucho más específico: 20 preguntas cuyo respaldo documental será evaluado dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
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