Ramiro Gutiérrez presentó una reforma para penalizar el mercenarismo
El diputado nacional propuso incorporar al Código Penal delitos vinculados con el reclutamiento de mercenarios y la formación, organización y financiamiento de estructuras armadas privadas.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez presentó una reforma contra el mercenarismo para incorporar al Código Penal sanciones por el reclutamiento de combatientes y la organización de grupos armados privados ilícitos.
La propuesta apunta tanto a las personas que prestan servicios militares por dinero como a quienes financian, dirigen, integran o sostienen esas estructuras. El legislador fundamentó la iniciativa en el crecimiento de los conflictos armados con participación privada y en las nuevas redes transnacionales de contratación.
La información difundida no incluye el número de expediente ni el texto oficial completo. Por ese motivo, todavía falta confirmar el articulado, las penas previstas, la fecha formal de ingreso y las comisiones que analizarán el proyecto.
Qué propone la reforma contra el mercenarismo
Según el contenido atribuido a la iniciativa, el proyecto define como mercenario a quien presta servicios militares a cambio de una remuneración fuera de los casos autorizados por el Derecho Internacional o por la legislación argentina.
El texto también busca penalizar a quienes creen, financien, organicen o integren organizaciones armadas privadas ilegales.
Según la propuesta, los jueces podrían aplicar penas más altas cuando esas estructuras afecten la defensa nacional, incorporen menores de edad o faciliten crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo.
El proyecto excluye de su alcance a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y policiales cuando cumplen funciones oficiales. También deja afuera a las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas, las empresas de seguridad privada habilitadas y el personal humanitario y sanitario.
Estos puntos todavía requieren una comparación directa con el expediente oficial.
Gutiérrez apunta contra las redes de reclutamiento
Gutiérrez sostuvo que la legislación penal argentina no cuenta con figuras específicas para abordar estas modalidades de contratación militar.
“Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado”, afirmó el diputado, según el material difundido por la Agencia Noticias Argentinas.
El legislador también vinculó la iniciativa con investigaciones sobre el reclutamiento de ciudadanos argentinos para participar en conflictos extranjeros. Sin embargo, la información recibida no identifica expedientes judiciales, juzgados intervinientes ni causas concretas que permitan verificar esa referencia.
Gutiérrez afirmó que la reforma busca cubrir ese vacío legal y darle al Estado herramientas preventivas frente a organizaciones que operan con financiamiento, logística e inteligencia privados.
Los antecedentes internacionales
Los fundamentos atribuidos al proyecto mencionan el Documento de Montreux, una iniciativa promovida por el Gobierno de Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Ese documento reúne obligaciones internacionales y buenas prácticas para los Estados frente a la actividad de empresas militares y de seguridad privadas en conflictos armados.
También existe una Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, el financiamiento y el entrenamiento de mercenarios.
La existencia de esos instrumentos internacionales no confirma por sí sola el contenido del proyecto argentino. Para publicar la nota como información completamente verificada, todavía hace falta acceder al expediente presentado ante la Cámara de Diputados.
Lectura rápida
¿Quién presentó la iniciativa?
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez.
¿Qué busca sancionar?
El reclutamiento de mercenarios y la organización, integración o financiación de estructuras armadas privadas ilícitas.
¿La reforma ya está vigente?
No. Se trata de una propuesta legislativa.
¿Se conoce el expediente oficial?
No figura en el material recibido y todavía falta localizarlo.
¿Qué aspectos necesitan confirmación?
El articulado, las penas, los agravantes, las exclusiones, la fecha de ingreso y las comisiones de tratamiento.
