Impulsan sanciones económicas para familias por amenazas falsas en escuelas bonaerenses
En medio de la reiteración de episodios de intimidaciones en establecimientos educativos, un proyecto presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone que los padres de alumnos responsables de falsas amenazas deban afrontar los costos de los operativos de emergencia.
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📲 Click AQUÍ La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Andrés De Leo, integrante de la Coalición Cívica, y plantea la creación de un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Establecimientos Educativos.
El proyecto “ surge frente a la reiteración de amenazas de bomba y falsas alertas en escuelas, situaciones que generan evacuaciones, angustia en las familias, interrupción de clases y un importante despliegue de recursos públicos ”, se indicó en un comunicado.
Según la propuesta, quienes realicen este tipo de amenazas deberán reintegrar los gastos ocasionados, incluyendo la intervención de policía, bomberos, brigadas especializadas y servicios de emergencia.
Uno de los puntos centrales establece que, en caso de tratarse de menores de edad, la responsabilidad económica recaerá sobre sus padres o tutores legales, en línea con la normativa vigente.
Además, el monto a pagar será fijado mediante un proceso administrativo que contemple criterios de razonabilidad y proporcionalidad, garantizando el derecho a defensa y la debida notificación. Si no se cumple con el pago, el Estado podrá avanzar por vía judicial para su cobro.
La iniciativa también prevé la creación de un registro provincial de incidentes, con el objetivo de mejorar la prevención y sistematizar la información sobre este tipo de hechos.
Desde el entorno del legislador aclararon que el proyecto no incorpora nuevas penas penales, ya que estas ya están contempladas en el Código Penal de la Nación Argentina, sino que busca que el Estado pueda recuperar los recursos utilizados ante este tipo de situaciones.
“Cuidar la educación también es poner límites. Cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos seguir naturalizando ”, señala De Leo en la iniciativa.
El texto invita además a los municipios a adherir y establece que el Ejecutivo provincial deberá reglamentar la norma en un plazo de 60 días en caso de ser aprobada.
Lectura rápida
¿Qué propone el proyecto?
Que los responsables de amenazas falsas paguen los costos de los operativos.
¿A quiénes alcanza?
A los autores y, si son menores, a sus padres o tutores.
¿Qué gastos incluye?
Policía, bomberos y servicios de emergencia.
¿Crea nuevas penas?
No, solo busca recuperar costos.
¿Qué otra medida incluye?
Un registro provincial de amenazas en escuelas.
¿Cuál es el objetivo?
Reducir estos hechos y evitar el uso innecesario de recursos públicos.
