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Tensión por el financiamiento universitario: el Gobierno evalúa convocar a rectores y crece la posibilidad de una nueva protesta

La discusión por la Ley de Financiamiento Universitario vuelve a escalar en la agenda nacional. Mientras el Gobierno analiza cómo cumplir con el fallo judicial que lo obliga a aplicarla, en paralelo se intensifican las gestiones para abrir una instancia de diálogo con las universidades y evitar un nuevo conflicto en las calles.

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En el entorno de la Casa Rosada admiten que se trabaja en una convocatoria a rectores y autoridades universitarias para principios de mayo, con el objetivo de intentar acercar posiciones. La intención oficial es lograr un entendimiento que permita encauzar la situación sin profundizar la crisis.

El conflicto arrastra varios meses. Desde el oficialismo recuerdan que en febrero hubo un intento de acuerdo impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, que contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes del 12,3% sobre lo perdido en 2025, pero la iniciativa no avanzó en el Congreso.

Dentro del propio Gobierno hay diferencias sobre lo ocurrido. Desde algunos sectores señalan al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por haber demorado el tratamiento, mientras que en su entorno rechazan esa acusación y aseguran que las prioridades legislativas responden a la estrategia del Poder Ejecutivo.

La dificultad principal sigue siendo fiscal. “Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley”, confesó un alfil libertario ante este medio.

En esa línea, la administración nacional presentó un recurso extraordinario a través de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, con la intención de ganar margen de maniobra. La inflación de marzo, que fue del 3,4%, complicó aún más el escenario.

Desde el oficialismo aseguran que existían los votos para avanzar con una solución legislativa, aunque ahora evalúan alternativas. “Estamos viendo de intentar arreglar el stock pasado y plantear una nueva discusión en el Congreso”, indicaron desde un despacho cercano al Presidente, donde además no descartan avanzar mediante un decreto.

Del otro lado, las universidades mantienen una postura firme. Niegan que haya existido un acuerdo en febrero y sostienen que solo hubo un aviso informal, mientras crece el malestar por la falta de recuperación salarial de 2024 y la ausencia de previsiones para 2026.

En este contexto, las autoridades académicas ya analizan una nueva movilización para los primeros días de mayo si no hay respuestas concretas. La presión se incrementa con el recuerdo de la masiva marcha universitaria de 2024, una de las más importantes de los últimos años.

A pesar de ese antecedente, desde el oficialismo relativizan el impacto de una eventual protesta. “La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces”, vaticinó una importante fuente a esta agencia.

Mientras tanto, continúan las reuniones internas en el Gobierno. En los últimos días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para definir los próximos pasos.


Lectura rápida

¿Qué está pasando con el financiamiento universitario?
El Gobierno debe cumplir un fallo judicial que lo obliga a aplicar la ley, pero aún busca cómo hacerlo sin desbalancear las cuentas.

¿Habrá diálogo con las universidades?
Sí, se prevé una convocatoria a rectores en mayo para intentar llegar a un acuerdo.

¿Por qué no se resolvió antes?
Hubo un intento en febrero, pero no avanzó en el Congreso.

¿Qué dice el Gobierno?
Reconoce que no puede afrontar el costo actual y busca alternativas para modificar la ley o ganar tiempo.

¿Qué reclaman las universidades?
Piden recuperar salarios perdidos y certezas para el futuro presupuesto.

¿Puede haber protestas?
Sí, analizan una movilización en mayo si no hay respuestas.

¿El clima social es el mismo que en 2024?
Desde el oficialismo creen que no, aunque el conflicto sigue abierto.

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