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El Gobierno acelera una reforma electoral en medio de tensiones con aliados y ruido político interno

Aunque no figuraba entre las urgencias iniciales, la Casa Rosada resolvió avanzar con un proyecto de reforma electoral que ahora se mete de lleno en la agenda política. La iniciativa fue diseñada durante los últimos meses por el asesor Santiago Caputo, junto al equipo legal encabezado por María Ibarzabal, y aparece como una jugada que también medirá la solidez del vínculo con los bloques aliados.

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El plan se trabajó en oficinas del primer piso de Balcarce 50 con el objetivo de “alinear la política con lo que piensa la sociedad”, según deslizan desde el oficialismo. Si bien reconocen que hoy la prioridad legislativa es otra —como la ley de financiamiento universitario—, sostienen que el sistema electoral necesita ser revisado para adaptarse “a lo que necesita la gente”.

En paralelo, la movida también funciona como intento de correrse de un foco incómodo: la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en cuestionamientos judiciales por su patrimonio. En las últimas semanas, el Gobierno buscó reposicionarlo con agenda de gestión, pero el tema no perdió fuerza. Ahora, la apuesta es cambiar el eje de discusión pública.

Sin embargo, el escenario no es sencillo. Aliados clave como el PRO y el Movimiento Integración y Desarrollo empezaron a marcar distancia, especialmente por la continuidad de Adorni. En reserva, referentes de esos espacios advierten que no es el momento para impulsar una reforma de este calibre mientras persista ese conflicto, e incluso algunos plantean que el funcionario debería dar un paso al costado para descomprimir.

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, fue directo: “cometió errores que no podés permitir cometer, no tenés que llevar a tu mujer en el avión presidencial cuando tenés un discurso tan fuerte de austeridad. Por eso le pegan a Milei. Los que viven más sucios que una papa, dicen estos son iguales. Adorni debe explicar en la Justicia y eso tiene un tiempo”.

En la misma línea, el titular del MID, Óscar Zago, expresó: “No quiero hablar de lo Adorni porque estamos distrayendo todos los problemas sociales, económicos que tenemos por lo de Adorni. Lo quieren dejar, dejenlo. Yo creo que tiene el boleto picado por la sociedad”.

El legislador fue más allá: “Si el Gobierno quiere chocar contra la pared y rebotar, que reboten. Le hace un mal al país; mi preocupación es esa. No es una preocupación interna”. Y remató: “Este señor tiene el boleto picado en nivel político, si la sociedad quiere acompañar yo ya no entendería más nada pero el tema político para mí está agotado”.

Con este clima, la gran incógnita es si el oficialismo conseguirá respaldo suficiente para tratar la reforma en el Congreso. Aunque en el Gobierno se muestran optimistas, evitan dar garantías concretas.

En cuanto al contenido, fue el propio presidente Javier Milei quien confirmó el envío del proyecto. La propuesta contempla la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento político y la implementación de Ficha Limpia, que impediría competir a candidatos con condenas por corrupción.

Desde Israel, el mandatario defendió la iniciativa: “terminar con la impunidad” y lanzó una crítica al esquema actual al sostener que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.IP

Además, aseguró que el nuevo sistema de financiamiento buscará reducir el uso de fondos públicos en la política y remarcó que el objetivo es “terminar con los privilegios” dentro de la dirigencia.


Lectura rápida

¿Qué impulsa el Gobierno?
Una reforma electoral con cambios de fondo en el sistema político.

¿Qué incluye el proyecto?
Eliminación de las PASO, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento político.

¿Por qué ahora?
Para instalar agenda propia y salir de la polémica por Manuel Adorni.

¿Qué pasa con los aliados?
PRO y MID muestran reparos y cuestionan el contexto para debatirla.

¿Hay apoyo asegurado en el Congreso?
No. El oficialismo confía, pero no tiene garantías claras.

¿Cuál es el objetivo declarado?
Reducir privilegios, limitar el gasto público en política y endurecer reglas contra la corrupción.

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