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Reforma sobre propiedad de tierras abre tensiones entre el Gobierno y bloques aliados

El proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para modificar la normativa de propiedad privada genera fuertes diferencias en el Congreso, especialmente en torno a la posibilidad de que extranjeros compren tierras sin límites y los cambios en la regulación de barrios populares.

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Desde el oficialismo reconocen que “por ahora no están los votos se debe seguir conversando porque hay varios bloques que quieren hacer cambios”, lo que obliga a avanzar en negociaciones con espacios como la Unión Cívica Radical, el PRO y fuerzas provinciales para lograr dictamen y aprobación en el Senado.

Uno de los puntos más discutidos es la modificación de la ley vigente sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que actualmente fija un tope de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros. La nueva iniciativa propone eliminar ese límite, estableciendo controles únicamente cuando intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas.

Desde sectores dialoguistas coinciden en revisar la normativa, pero advierten que no debería habilitarse una compra indiscriminada de tierras. En ese sentido, la senadora Edith Terenzi expresó:
“En Chubut tenemos más de 200.000 km2 de superficie con zonas de amplio valor estratégico. Me preocupa que sin límites cuantitativos para la propiedad de los extranjeros, el gobierno provincial pierda el argumento legal de cuestionar la concentración de tierras en capitales foráneos”.

Otro eje de conflicto es la reforma de la ley de barrios populares. Legisladores opositores señalan que la limitación de expropiaciones y la eliminación de la suspensión de desalojos por 10 años podrían derivar en una mayor conflictividad social, al dificultar la regularización de tierras ocupadas.

Además, el proyecto introduce un sistema de desalojos más ágil, reduciendo plazos: de 10 a 3 días para la intimación por falta de pago y procedimientos más rápidos para concretar el desalojo, lo que también genera cuestionamientos.

En cuanto al manejo del fuego, la iniciativa propone eliminar restricciones que impedían la venta o cambio de uso de tierras afectadas por incendios durante largos períodos. Desde el Gobierno argumentan que esas limitaciones “son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida”.

El oficialismo sostiene que la reforma apunta a garantizar la seguridad jurídica y mejorar el acceso a la propiedad, mientras que sectores aliados reclaman modificaciones para evitar impactos negativos en la soberanía territorial y en sectores vulnerables.


Lectura rápida: preguntas y respuestas

¿Qué propone la reforma?
Eliminar límites a la compra de tierras por extranjeros y modificar leyes vinculadas a propiedad y urbanización.

¿Cuál es el principal conflicto?
La falta de consenso entre el oficialismo y bloques aliados.

¿Qué cambia sobre tierras?
Se elimina el tope de 1.000 hectáreas para extranjeros.

¿Qué dicen los aliados?
Que no debe haber compra sin restricciones.

¿Qué pasa con barrios populares?
Se limitan expropiaciones y se podrían facilitar desalojos.

¿Qué cambia en desalojos?
Se acortan plazos y se agilizan los procesos.

¿Qué ocurre con la ley de manejo del fuego?
Se eliminan restricciones para vender o cambiar el uso de tierras incendiadas.

¿El proyecto ya está aprobado?
No, el Gobierno aún no tiene los votos necesarios.

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