La Justicia avanza sobre posibles contratos estatales ligados al entorno de Adorni

El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas en una causa que busca determinar si empresas vinculadas a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, mantuvieron relaciones contractuales con el Estado nacional.
¡Mantenete al tanto de las últimas noticias de San Nicolás y el país!
Unite a nuestro CANAL DE WHATSAPP y recibí las novedades directamente en tu teléfono.
📲 Click AQUÍ La decisión se tomó tras un requerimiento del fiscal Carlos Stornelli y en base a una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, en la que se plantea que Angeletti podría haberse beneficiado a través de su participación en distintas firmas.
Entre las medidas dispuestas, el magistrado solicitó expedientes administrativos completos y documentación respaldatoria de contrataciones vinculadas a servicios como mensajería SMS, envío masivo de comunicaciones, herramientas tecnológicas como Jira y Confluence, correos transaccionales y la explotación comercial del predio de Tecnópolis.
Además, requirió a la Inspección General de Justicia que entregue los legajos societarios de varias empresas, entre ellas AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A., con el objetivo de analizar su composición y posibles vínculos.
En paralelo, la Oficina Nacional de Contrataciones deberá informar si firmas como DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. registran acuerdos con el Estado nacional.
El foco de la investigación también está puesto en determinar si la consultora +Be, donde Angeletti figura como socia, mantiene conexiones con empresas proveedoras del sector público. A su vez, se intenta esclarecer si existe un entramado societario más amplio vinculado a la concesión de Tecnópolis.
Lectura rápida
¿Qué decidió el juez?
Ordenó nuevas medidas de prueba para investigar contratos con el Estado.
¿A quién involucra la causa?
A Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni.
¿Qué se busca determinar?
Si empresas vinculadas a ella tuvieron contratos públicos.
¿Qué tipo de servicios están bajo análisis?
SMS, herramientas tecnológicas, correos y explotación de Tecnópolis.
¿Qué organismos intervienen?
La IGJ y la Oficina Nacional de Contrataciones.
¿Cuál es el objetivo final?
Confirmar si existió beneficio económico a través de vínculos empresariales con el Estado.



