Duro diagnóstico del Banco Mundial: advierte por el alto costo y las distorsiones del régimen fueguino
El Banco Mundial puso bajo la lupa el esquema de promoción industrial de Tierra del Fuego y lo calificó como una “política industrial fallida”, al tiempo que alertó por el fuerte impacto fiscal que implica sostenerlo.
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📲 Click AQUÍ Según el organismo, el sistema representa un costo anual estimado en US$1.070 millones, sin que eso se traduzca en mejoras relevantes en productividad o desarrollo tecnológico. El análisis forma parte del informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe, donde también se proyecta que la economía argentina crecería 3,6% en 2026 y 3,7% en 2027, destacándose como una de las pocas en expansión dentro de la región.
El reporte advierte que, aunque las políticas industriales pueden requerir tiempo para consolidarse, la falta de límites claros en la asistencia estatal termina generando efectos no deseados. En ese sentido, remarca que “el apoyo ilimitado sin un procedimiento ni un cronograma para reducir la asistencia (cláusulas de caducidad) puede proporcionar incentivos perversos, socavando el objetivo inicial”.
Sobre el caso específico de Tierra del Fuego, el documento es categórico: “es ampliamente considerado como un caso de política industrial fallida, empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas”.
Además, el organismo sostiene que la estructura de incentivos está mal diseñada, lo que deriva en un elevado costo para el Estado sin beneficios concretos. “Su estructura de incentivos mal concebida ha generado un costo fiscal sustancial para el gobierno argentino, estimado en US$1.070 millones anuales, sin lograr mejoras tecnológicas o de productividad significativas”, señala.
Entre los principales problemas detectados, se mencionan dos mecanismos que distorsionan el funcionamiento del mercado. Por un lado, las exenciones arancelarias permiten a las empresas importar insumos sin pagar derechos, lo que les da una ventaja artificial frente a productores del resto del país. Por otro, el sistema de créditos vinculados al IVA, que en teoría busca incentivar el valor agregado local, termina generando “poco o ningún valor agregado real”.
El informe también describe una práctica que considera problemática: “la combinación de estos incentivos alienta a las empresas a importar grandes volúmenes de insumos libres de derechos y revenderlos al continente a precios más altos, al tiempo que reclaman los beneficios fiscales asociados”.
En ese contexto, el organismo concluye que la actividad promovida no logra sostenerse por sí misma, sino que depende de la asistencia estatal. “Las empresas involucradas siguen siendo viables principalmente gracias a las importantes transferencias fiscales más que a los aumentos de su productividad o capacidad tecnológica”, indica.
Finalmente, advierte que este esquema profundiza la dependencia del financiamiento público y eleva los costos a largo plazo, lo que dificulta cualquier intento de modificación: “esta dinámica refuerza la dependencia del apoyo gubernamental y aumenta los costos económicos a largo plazo de mantener el régimen, lo que pone de relieve los desafíos de revertir políticas industriales arraigadas pero ineficaces”.
Lectura rápida: preguntas y respuestas
¿Qué cuestiona el Banco Mundial?
El régimen industrial de Tierra del Fuego, al que define como ineficiente y costoso.
¿Cuánto le cuesta al Estado?
Aproximadamente US$1.070 millones por año.
¿Cuál es el principal problema?
Los incentivos mal diseñados, que no generan mejoras reales en productividad.
¿Qué distorsiones detecta?
Ventajas artificiales por importaciones sin aranceles y poco valor agregado local.
¿Las empresas son competitivas por sí solas?
No, dependen en gran medida de subsidios y beneficios fiscales.
¿Qué riesgo señala el informe?
Que el sistema se vuelva cada vez más dependiente del Estado y difícil de reformar.
