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El Ejecutivo impulsa una reforma integral de la Ley de Salud Mental y la enviará al Congreso

El Gobierno nacional confirmó que presentará en el Congreso un proyecto para modificar la actual normativa de salud mental, vigente desde 2010. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adelantó que la iniciativa apunta a una revisión profunda del sistema con el objetivo de optimizar su funcionamiento.

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Desde el Ministerio de Salud indicaron que la propuesta busca “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”, a partir de cambios en criterios y procedimientos que, según sostienen, hoy generan dificultades en la práctica cotidiana.

En ese sentido, remarcaron que la iniciativa “busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, al tiempo que pretende “clarificar” conceptos y criterios que actualmente resultan imprecisos.

Para la elaboración del proyecto se relevaron experiencias de familiares, pacientes y profesionales, además de actores del ámbito judicial y legislativo, con el fin de detectar falencias concretas. Entre los puntos críticos, se advirtió que solo 16 de las 23 jurisdicciones del país adhirieron formalmente a la ley vigente y que apenas existen 18 hospitales generales con servicios específicos de salud mental.

Uno de los cambios centrales apunta a la terminología utilizada. Desde la cartera sanitaria consideran que el concepto de “padecimiento mental” resulta ambiguo, lo que puede generar demoras en diagnósticos e intervenciones. Por eso, el nuevo texto propone incorporar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones) para lograr mayor precisión en la identificación de trastornos.

También se plantea modificar el criterio de intervención, reemplazándolo por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, lo que permitiría avanzar en acciones más rápidas y preventivas.

En cuanto a las internaciones, se mantendrán como un recurso excepcional, aunque necesario en determinados contextos. El proyecto contempla que los psiquiatras puedan indicar una internación involuntaria, que deberá ser validada por un equipo interdisciplinario. Además, se propone extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación a la Justicia. En los casos voluntarios, si el paciente pide el alta, se evaluará su estado y, de ser necesario, la internación podrá pasar a ser involuntaria con intervención judicial.

Otro eje de la reforma es el fortalecimiento de la red de atención. El Gobierno plantea impulsar hospitales especializados en salud mental, en contraposición con la normativa actual que promueve el cierre de instituciones psiquiátricas. En la actualidad, existen 30 establecimientos públicos monovalentes y al menos 139 privados.

Finalmente, el proyecto propone reforzar el rol del Ministerio de Salud dentro del Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización, y SEDRONAR.


Lectura rápida: claves en preguntas y respuestas

¿Qué anunció el Gobierno?
El envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental.

¿Cuál es el objetivo principal?
Actualizar la normativa y mejorar la respuesta del sistema sanitario.

¿Qué problema detectaron en la ley actual?
Conceptos poco claros, falta de adhesión en provincias y escasa infraestructura especializada.

¿Qué cambio importante se propone en diagnósticos?
Adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para mayor precisión.

¿Qué pasará con las internaciones?
Seguirán siendo excepcionales, pero con más herramientas para actuar en situaciones de riesgo.

¿Se modifican los plazos judiciales?
Sí, se propone ampliarlos de 10 a 24 horas.

¿Habrá cambios en los hospitales?
Se busca fortalecer centros especializados, en lugar de reducirlos.

¿Qué organismos sumarán participación?
Áreas técnicas del Ministerio de Salud y SEDRONAR dentro del Órgano de Revisión.

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