Debate por la Ley de Glaciares: limitan las exposiciones pese a más de 100 mil inscriptos
La limitación en la participación y los cambios propuestos en la normativa profundizan la polémica entre sectores políticos y ambientalistas.
La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares suma tensión en el Congreso, donde la Cámara de Diputados de la Nación Argentina realizará audiencias públicas con fuertes restricciones en la participación, a pesar de que se registraron alrededor de 100 mil personas interesadas en exponer.
El esquema definido contempla solo 400 oradores habilitados, lo que representa una mínima parte del total de inscriptos. Esta decisión generó cuestionamientos desde sectores opositores y organizaciones ambientalistas, que reclaman mayor apertura en el proceso.
Las audiencias se desarrollarán en dos jornadas: una presencial y otra virtual. Sin embargo, también se establecieron límites en la asistencia, ya que solo podrán participar los 66 diputados de las comisiones involucradas y dos asesores por cada uno, lo que anticipa un clima de conflicto.
En paralelo, la organización Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia, que quedó en manos del juez Enrique V. Lavié Pico, con el objetivo de garantizar que todos los inscriptos puedan participar de manera oral, ya sea presencial o virtual.
De prosperar ese pedido, el cronograma debería modificarse de forma sustancial, ya que permitir la exposición de todos los participantes implicaría extender las audiencias durante aproximadamente 500 días, considerando un ritmo de 200 intervenciones por jornada.
Cómo será el esquema de participación
El mecanismo definido establece que:
- Unos 200 expositores participarán de forma presencial
- Otros 200 lo harán de manera virtual
- El resto deberá presentar su postura por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos
Además, se determinó que podrán intervenir quienes se hayan inscripto primero en cada una de las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de garantizar representación federal, aunque esto también fue cuestionado.
Un proyecto que divide posiciones
La iniciativa impulsa cambios en la normativa vigente, la Ley 26.639, con el objetivo de modificar los alcances de protección en zonas glaciares y periglaciares.
Entre los puntos centrales, se propone:
- Eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciales
- Permitir proyectos económicos sujetos a evaluaciones de impacto ambiental
- Otorgar mayor poder de decisión a las provincias sobre qué zonas proteger
Este enfoque es respaldado por algunos gobernadores que buscan atraer inversiones en minería e hidrocarburos, pero es rechazado por sectores de la oposición y organizaciones ambientales, que advierten sobre riesgos para reservas estratégicas y ecosistemas sensibles.
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