Ley de Glaciares: por qué la reforma divide al Senado entre desarrollo económico y resguardo del agua
La modificación de la Ley de Glaciares (26.639) volverá a encender un fuerte debate político y ambiental este jueves en el Senado, donde el oficialismo buscará avanzar con cambios que redefinen la protección del ambiente periglacial. El objetivo declarado es atraer inversiones en megaminería e hidrocarburos, aunque la iniciativa genera resistencias profundas en sectores de la oposición, organizaciones ambientalistas y parte del arco político.
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Desde La Libertad Avanza, el planteo central es revisar artículos clave de la ley vigente para otorgar mayor poder de decisión a las provincias sobre sus recursos naturales. El argumento se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario provincial sobre los recursos del subsuelo.
Según esta mirada, la normativa actual limita inversiones estratégicas y genera “inseguridad jurídica”, ya que protege de manera amplia tanto los glaciares como el ambiente periglacial. Con la reforma, se busca acotar la protección estricta solo a aquellos glaciares que cumplan una función hídrica efectiva y estratégica, permitiendo actividades productivas en otras zonas hoy alcanzadas por la prohibición.
En ese marco, provincias con potencial minero, como San Juan, Catamarca y Jujuy, reclaman mayor autonomía para explotar litio, cobre y otros recursos.
El rechazo y las advertencias
Desde la oposición, especialmente en el bloque justicialista, sostienen que la modificación debilita la protección de reservas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, el riego y los ecosistemas. Consideran que los cambios podrían habilitar actividades extractivas que alteren glaciares y cuencas hídricas, afectando un recurso vital para la población.
Mientras el oficialismo prioriza el desarrollo económico y la llegada de inversiones, el peronismo remarca que el espíritu original de la ley es garantizar el agua como bien estratégico, por encima de intereses productivos de corto plazo.
Un conflicto que viene de arrastre
La discusión no es nueva. Desde el año pasado, cuando se analizó llevar el proyecto a sesiones extraordinarias, quedó claro que los senadores peronistas de provincias mineras enfrentan tensiones internas: respaldar proyectos productivos que prometen empleo y divisas o defender una legislación ambiental estricta.
Por ahora, en ese espacio se intenta evitar una derogación total de la norma y avanzar, si acaso, en ajustes que no comprometan la protección ambiental, aunque las posturas provinciales fragmentan al interbloque.
Las posiciones dentro del peronismo
El presidente del bloque justicialista, José Mayans, mantiene una posición crítica y alineada con sectores sindicales y sociales que reclaman preservar los recursos hídricos. Sin embargo, algunos senadores de distritos mineros impulsan una redefinición más restrictiva de las áreas protegidas para habilitar proyectos productivos.
Qué dice la ley actual
La legislación vigente protege glaciares y ambiente periglacial —incluidos suelos congelados que regulan el agua— y prohíbe expresamente actividades como la minería y la exploración de hidrocarburos en esas zonas. Para quienes apoyan la reforma, el cambio permitiría dar “certezas técnicas”, compatibilizando controles ambientales con desarrollo económico, sin eliminar auditorías ni monitoreos.
El proyecto alternativo de la oposición
Semanas atrás, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un contraproyecto que apunta a reforzar el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa propone restringir aún más la actividad minera e industrial en esas áreas y priorizar el uso del agua para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico.
Además, plantea la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares, con el fin de asegurar monitoreo científico constante, y define la protección de estas reservas como una cuestión de soberanía y derechos de las poblaciones, en un contexto de cambio climático.
Lectura rápida: preguntas y respuestas
¿Por qué se quiere modificar la Ley de Glaciares?
Para habilitar inversiones en megaminería e hidrocarburos y dar mayor poder de decisión a las provincias.
¿Qué teme la oposición?
Que la reforma debilite la protección del agua dulce, afectando glaciares y cuencas hídricas esenciales.
¿Qué cambia con la propuesta oficial?
Se busca proteger solo los glaciares con función hídrica comprobada y permitir actividades productivas en otras áreas.
¿Qué dice la ley vigente?
Que glaciares y ambiente periglacial están protegidos y que la minería y los hidrocarburos están prohibidos en esas zonas.
¿Hay un proyecto alternativo?
Sí. Propone endurecer la protección, priorizar el agua para consumo humano y reforzar el control científico.
¿Dónde está el mayor punto de conflicto?
En el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental, especialmente en provincias con fuerte perfil minero.
