El Senado encara una sesión clave con glaciares y el acuerdo Mercosur–Unión Europea en el centro del debate
El oficialismo llegará este jueves al recinto del Senado con un escenario favorable para avanzar en dos iniciativas estratégicas: la reforma de la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La sesión está convocada para las 11 de la mañana y también incluirá el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
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📲 Click AQUÍ Además, para el viernes a la misma hora, la Cámara alta fue citada nuevamente con el objetivo de debatir la reforma laboral y el régimen penal juvenil, proyectos que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.
Acuerdo Mercosur–Unión Europea: el Gobierno acelera los tiempos
El acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea estaba previsto originalmente para la sesión del viernes, pero el Poder Ejecutivo decidió adelantar su tratamiento. La razón central es que Uruguay avanzó con rapidez en su propio proceso de ratificación y podría aprobar el convenio en breve.
El Gobierno de Javier Milei busca que Argentina sea el primer país del bloque en avalar el tratado, con la expectativa de obtener ventajas comerciales diferenciales frente a otros socios regionales que compiten en los mismos mercados.
Los números en el Senado serían suficientes para aprobarlo y se descuenta que el interbloque peronista que conduce José Mayans vote dividido, tal como ocurrió días atrás en Diputados.
El convenio fue firmado el 17 de enero en Asunción, durante un acto que contó con la presencia de Milei y de los presidentes Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay). El mandatario de Brasil, Lula da Silva, no participó de esa instancia.
Aun con la aprobación legislativa, el tratado no entrará en vigencia de manera inmediata: el Parlamento Europeo dispuso que sea revisado por el Tribunal de Justicia de Europa, que deberá evaluar su impacto antes de habilitar su implementación.
Según sus impulsores, el acuerdo permitiría reducir aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas y mejorar el acceso de bienes industriales europeos. Entre otros puntos, se eliminarían aranceles para productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, indumentaria y bebidas.
El tratado prevé la creación de una zona de libre comercio de más de 700 millones de consumidores, equivalente a cerca del 20% del PBI mundial. Actualmente, la Unión Europea es el segundo socio comercial del Mercosur, detrás de China y por delante de Estados Unidos, además de ser una de las principales fuentes de inversión extranjera directa.
Reforma de la Ley de Glaciares: tensiones y negociaciones abiertas
En paralelo, el oficialismo impulsará la reforma de la ley 26.639, que establece los Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Sin embargo, el debate se complejizó en las últimas horas por la aparición de un proyecto alternativo presentado por la UCR, que limita el margen de decisión de las provincias.
Las negociaciones son intensas y apuntan a evitar que la discusión bloquee la aprobación de la iniciativa, ya sea en su versión original o con modificaciones consensuadas.
Para el Gobierno, la sanción de esta reforma es un compromiso asumido con los gobernadores de provincias cordilleranas, que reclaman una normativa menos rígida para facilitar inversiones en minería e hidrocarburos.
En el bloque peronista predomina la postura de rechazo, aunque no se descartan divisiones internas, especialmente entre senadores con pasado como gobernadores de provincias mineras, como Lucía Corpacci y Sergio Uñac.
Tanto el proyecto oficial como el de la UCR proponen redefinir las zonas protegidas, habilitando la actividad económica en determinados sectores periglaciares que hoy están vedados. La iniciativa del Ejecutivo introduce una distinción entre “formas periglaciares” con función hídrica comprobable y aquellas que no cumplen ese rol, lo que permitiría su utilización económica.
En este esquema, no todo el territorio periglaciar quedaría protegido, sino únicamente el que tenga valor hídrico acreditado. La ley vigente desde 2010, en cambio, protege de manera integral glaciares visibles y formaciones periglaciares, considerados reservorios estratégicos de agua dulce.
El proyecto mantiene la prohibición absoluta de actividades económicas sobre glaciares, pero abre la posibilidad de inversiones en áreas sin función hídrica demostrada. También crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
Entre las actividades prohibidas se incluyen la minería, la explotación hidrocarburífera, las obras de infraestructura, la liberación de contaminantes y las actividades industriales. En tanto, se permiten investigaciones científicas, operativos de rescate y deportes no motorizados como el andinismo y la escalada.
La diferencia central entre los proyectos radica en quién define las áreas protegidas: el texto del Gobierno otorga ese poder a las provincias, mientras que la propuesta de la UCR concentra esa atribución exclusivamente en el IANIGLA.
El oficialismo fundamenta su postura en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. Sin embargo, la reforma despierta fuertes rechazos de organizaciones ambientalistas y de la Iglesia, que expresó su preocupación mediante una carta de la Comisión Episcopal Argentina.
Los sectores críticos advierten que la iniciativa representa una “regresión ambiental inconstitucional”, vulnera el Acuerdo de Escazú y pone en riesgo ecosistemas clave para el abastecimiento de agua, la biodiversidad y la producción sustentable.
Lectura rápida: preguntas y respuestas
¿Cuándo se trata el paquete de proyectos en el Senado?
Este jueves desde las 11 se debatirán glaciares y el acuerdo Mercosur–UE; el viernes, reforma laboral y régimen penal juvenil.
¿Por qué se adelantó el acuerdo con la Unión Europea?
Porque Uruguay aceleró su ratificación y el Gobierno busca que Argentina sea el primer país del Mercosur en aprobarlo.
¿Qué beneficios promete el acuerdo comercial?
Baja de aranceles para más del 90% de las exportaciones, acceso a un mercado de 700 millones de consumidores y mayor previsibilidad comercial.
¿Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares?
Se propone diferenciar áreas con y sin función hídrica, manteniendo la protección total de los glaciares, pero habilitando inversiones en zonas periglaciares específicas.
¿Dónde está el principal conflicto político?
En quién decide qué áreas se protegen: las provincias, como propone el Gobierno, o el IANIGLA, como plantea la UCR.
¿Quiénes se oponen con mayor fuerza?
Organizaciones ambientalistas y la Iglesia, que alertan sobre riesgos para el agua y el ambiente.
