PBA implementa cambios en la ley de adopción: los aspectos más importantes
La provincia de Buenos Aires oficializó este martes la ley N° 15.610, que modifica la normativa de adopción vigente con el objetivo de agilizar los trámites, unificar los plazos con la legislación nacional y fortalecer el principio del Interés Superior del Niño.
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📲 Click AQUÍ Con la publicación en el Boletín Oficial, la Provincia ratificó lo aprobado por la Legislatura a fines del año pasado, cuando se sancionó una modificación a la ley N° 14.528. Entre las medidas más destacadas, se reduce el plazo para que un juez defina la situación de adoptabilidad de un menor de 180 a 90 días, buscando así acelerar el proceso.
El proyecto fue impulsado por el senador de Unión por la Patria, Marcelo Feliú, y aprobado con acompañamiento de los diputados del radicalismo.
Principales cambios de la reforma
- Patrocinio jurídico gratuito: los niños, niñas y adolescentes contarán con la asistencia de un letrado especializado en niñez y adolescencia durante los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción, eliminando la intervención de la Defensoría Oficial.
- Participación de los menores: se garantiza que los menores sean parte de los procesos administrativos que controlan la legalidad de las medidas de abrigo y adopción.
- Reducción de plazos judiciales: el juez deberá resolver la situación de adoptabilidad en un máximo de 90 días, en lugar de los seis meses anteriores.
- Informes administrativos rápidos: el organismo competente tendrá 24 horas para informar al juez sobre la situación de adoptabilidad y presentar antecedentes, documentación y dictamen correspondiente, en caso de no haberse identificado a padres o referentes afectivos.
- Licencias especiales: se incluyen disposiciones para que quienes tengan guardas preadoptivas o adopciones puedan acceder a licencias especiales tanto en el sector público como dentro de los convenios colectivos de trabajo.
Con estos cambios, la Provincia busca agilizar los procesos, garantizar derechos de los menores y unificar criterios con la legislación nacional, acortando tiempos y fortaleciendo la protección integral de los niños y adolescentes involucrados.
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