Entró en vigencia el Presupuesto 2026 con superávit y fuertes controles del gasto
El Gobierno nacional puso en vigencia el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2026, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798, sancionada por el Congreso durante el último período de sesiones extraordinarias.
La norma define los lineamientos centrales del programa económico del gobierno de Javier Milei, con el objetivo de mantener superávit fiscal, aplicar bajas de impuestos si el resultado es mejor al previsto y recortar partidas en caso de desvíos negativos.
Resultado fiscal y cifras clave
El Presupuesto estima para el Sector Público Nacional un excedente financiero de $2.734.029.655.055. Para alcanzar ese resultado, se proyectan recursos totales por $148,29 billones, mientras que los gastos corrientes y de capital autorizados ascienden a $148,06 billones.
Cómo se distribuye el gasto
La mayor parte del gasto está concentrada en los Servicios Sociales, que recibirán $106,52 billones.
En orden de importancia, le siguen:
- Pago de la deuda pública: $14,11 billones
- Servicios Económicos: $11,45 billones
- Administración Gubernamental: $8,85 billones
- Defensa y Seguridad: $7,11 billones
Universidades y previsión social
Para el funcionamiento y los programas de las universidades nacionales se asignaron $4,78 billones. El texto establece que las casas de estudio deberán rendir información sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, bajo apercibimiento de suspensión de transferencias en caso de incumplimientos.
En materia previsional, se destinarán $212.288 millones para el pago de deudas judiciales y administrativas de ANSES, y $122.762 millones para asistir a cajas previsionales provinciales que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional.
Financiamiento y control del empleo público
El Ejecutivo quedó autorizado a emitir Letras del Tesoro por hasta $70 billones y se fijaron límites para el uso de crédito a corto plazo: $4 billones para la Tesorería General de la Nación y $2,5 billones adicionales.
Además, la ley impone restricciones a la cobertura de vacantes en la administración pública, estableciendo que todo nuevo nombramiento deberá contar con autorización previa de la Jefatura de Gabinete. También se mantienen exenciones impositivas y de derechos de importación para vacunas y medicamentos destinados a programas sanitarios nacionales.
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