Auditoría oficial detectó miles de certificados de discapacidad activos a nombre de personas fallecidas

En el marco de una auditoría integral sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional aseguró haber detectado que alrededor de 178 mil personas fallecidas figuraban como activas en el sistema del Certificado Único de Discapacidad (CUD), percibiendo beneficios estatales de manera irregular.

La detección surgió tras un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y se produjo durante el proceso de revisión interna impulsado luego de la salida del anterior titular del organismo. Las autoridades indicaron que las bajas de los certificados observados ya comenzaron a ejecutarse.

Posible judicialización y responsabilidades de prestadores

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que se analiza avanzar judicialmente no solo contra quienes hacían uso indebido de los beneficios, sino también contra los prestadores que habrían participado en las maniobras. Una fuente oficial calificó la situación como “una estafa al Estado”, y remarcó que se realizará un nuevo cotejo entre los datos de personas fallecidas y los servicios prestados.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que acredita la condición de discapacidad y habilita el acceso a distintas prestaciones estatales, tras una evaluación realizada por una junta interdisciplinaria.

El hallazgo forma parte de una serie de inconsistencias detectadas dentro de la ANDIS, lo que motivó al Ejecutivo a ordenar una auditoría integral a fines de agosto. El proceso incluyó la revisión de contratos y procedimientos internos, en un contexto de fuerte controversia institucional. Los resultados definitivos de la auditoría aún no fueron cerrados y podrían darse a conocer hacia fines del primer trimestre de 2026.

Dentro del Gobierno también se registraron fuertes cuestionamientos a la gestión anterior, con críticas vinculadas a la falta de controles internos y a la ausencia de reportes sistemáticos sobre el funcionamiento del organismo. Estas falencias llevaron incluso a evaluar la posibilidad de quitarle la autonomía a la agencia y transferirla al ámbito del Ministerio de Salud, alternativa que finalmente fue descartada.

Las alertas se profundizaron tras detectarse un incremento del 27% en la compra de medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, dato que surgió de informes preliminares elaborados tras el cambio de autoridades.

En paralelo, durante las últimas semanas, la Ley de Emergencia en Discapacidad volvió al centro del debate político, luego de que el Gobierno intentara avanzar con su derogación en el Presupuesto 2026. La iniciativa encontró resistencia en la Cámara de Diputados y en gobernadores aliados, y actualmente el Ejecutivo evalúa una contrapropuesta con modificaciones al texto aprobado por el Congreso, descartando por el momento su eliminación total.

LEER: Efemérides del 25 de enero: hechos que marcaron la historia en Argentina y el mundo