El Ejecutivo giró al Parlamento un proyecto para modificar la protección de glaciares
El Gobierno nacional remitió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Protección de Glaciares, en el marco de las sesiones extraordinarias vigentes hasta el 30 de diciembre. El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente a través de sus canales oficiales.
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📲 Click AQUÍ Según se informó, el objetivo central del proyecto es ordenar el marco legal actual, terminar con criterios dispares en su aplicación y afianzar un esquema de federalismo ambiental acorde a la Constitución Nacional.
Cuestionamientos al esquema actual
Desde el Ejecutivo sostienen que, tras más de quince años de vigencia, “la mal llamada ‘Ley de Glaciares’ demostró graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
En ese sentido, la propuesta plantea normas precisas para proteger los glaciares con función hídrica efectiva, reforzar los estándares ambientales existentes y reducir la discrecionalidad que, según el Gobierno, “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.
Federalismo ambiental y rol de las provincias
El texto enviado al Congreso reafirma los principios del artículo 41 de la Constitución, que establece la protección del ambiente sin frenar el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.
Además, fortalece la intervención de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, pone en valor su capacidad técnica y científica, y promueve una coordinación más eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares. Desde el Gobierno definen la iniciativa como “una verdadera reforma de federalismo ambiental”, en línea con los compromisos del Pacto de Mayo.
Reclamos regionales y pedido al Congreso
La reforma también responde a pedidos concretos de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), que vienen reclamando un modelo federal previsible y sostenible para el desarrollo de sus recursos.
En ese marco, el presidente Javier Milei reiteró el rumbo de su gestión: “Terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”.
Por último, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso un tratamiento ágil del proyecto, garantizando la participación ciudadana durante el proceso legislativo. Para el Gobierno, la reforma implica “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico”, y busca cerrar una etapa marcada —según su visión— por la incertidumbre jurídica en las provincias cordilleranas.
