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Presupuesto 2026: el Gobierno propone más fondos para las universidades, pero sin aplicar la ley votada por el Congreso

Las Universidades Nacionales recibirían 4,8 billones de pesos en 2026 según el proyecto de Presupuesto que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias previstas entre el 10 y el 31 de diciembre. Sin embargo, ese incremento es rechazado por el sistema universitario, que reclama la aplicación de la ley sancionada por el Congreso y posteriormente insistida tras el veto presidencial.

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Tensión con el Consejo Interuniversitario Nacional

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige una asignación de 7,2 billones de pesos para cubrir gastos de funcionamiento y recomponer los salarios del personal docente y no docente. La ley aprobada por el Congreso establecía un mecanismo de actualización progresiva de los recursos, pero el Ejecutivo decidió no implementarla argumentando que no especificaba la fuente de financiamiento necesaria para sostener ese esquema. La decisión generó un rechazo inmediato de sectores opositores y de las propias universidades.

Aunque el Gobierno mantiene su posición, legisladores aliados no descartan una suba parcial respecto de lo contemplado originalmente, según señalaron fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Nuevas exigencias de control y rendición

El proyecto presupuestario incorpora además nuevos criterios para el uso y seguimiento de los fondos universitarios. Las instituciones deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias toda la información requerida para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que reciben. El texto aclara que, ante incumplimientos, el Ministerio de Educación podrá interrumpir las transferencias.

Cada universidad también deberá detallar su presupuesto anual según las clasificaciones funcionales de educación y cultura; salud; y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución contable y la cuenta de inversión deberán responder al mismo esquema.

Normas educativas sin aplicación

El Presupuesto 2026 confirma además que el Gobierno no aplicará, por tercer año consecutivo, la Ley de Financiamiento Docente que establecía destinar el 6% del PBI al sistema educativo. Tampoco se respetarán los mínimos previstos en la Ley de Educación Técnico Profesional ni en la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Ejecutivo decidió eliminar los pisos de inversión definidos por la Ley de Educación Nacional, dejando esos montos sujetos a cada ley de Presupuesto anual. El organismo recordó que “el objetivo de inversión del 6% del PIB para el sistema educativo registró cumplimiento en un solo ejercicio” y señaló que las metas previstas para Educación Técnico Profesional y Ciencia y Tecnología prácticamente nunca fueron alcanzadas.

Con este panorama, el debate parlamentario promete tensiones entre el Gobierno, sus aliados legislativos y las universidades, que reclaman un financiamiento acorde a la magnitud de sus costos y al rol estratégico que cumplen en el sistema educativo del país.

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