El Gobierno eliminó el control sobre las cuotas y matrículas de los colegios privados

A partir del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó a los establecimientos educativos privados a fijar libremente el valor de sus matrículas y cuotas, sin necesidad de aprobación ni comunicación previa al Estado. La medida deroga el DNU 2417/1993, que durante más de tres décadas reguló el sistema arancelario del sector.

Fin de la autorización previa

Con la nueva disposición, las instituciones privadas —con o sin aportes estatales— ya no estarán obligadas a informar los montos de sus aranceles ni a solicitar autorización para modificarlos. La decisión, según el texto oficial, busca “adaptar a los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”, señalando que la regulación anterior “imponía limitaciones que obstaculizaban su funcionamiento”.

Entre los fundamentos, el Gobierno argumenta que la intervención estatal en la fijación de cuotas “ha generado efectos contraproducentes que afectan la viabilidad económica” de los colegios, ya que “impedía ajustar los precios de acuerdo a la evolución de los costos y del mercado”.

Argumentos del Ejecutivo

El decreto sostiene además que el esquema previo “terminaba perjudicando a las familias”, porque las escuelas privadas tendían a fijar aranceles elevados al inicio del ciclo lectivo ante la incertidumbre por futuros aumentos no autorizados, lo que, en algunos casos, “reducía las opciones de elección de los padres”.

Asimismo, el Gobierno invocó el derecho de propiedad de los institutos privados, indicando que estos “deberían tener la libertad de establecer sus condiciones de contratación y los salarios de su personal sin aprobación estatal”. Según el texto, la rigidez en los valores regulados “puede derivar en una pérdida de calidad educativa al no poder responder a tiempo a las variaciones de costos e insumos”.

Finalmente, el Poder Ejecutivo encomendó al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación la revisión del Decreto 2542/1991, base del sistema de financiamiento de la educación privada, con el objetivo de actualizar su contenido acorde a la nueva política de desregulación.

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