Postergan la aplicación de las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario

El Gobierno promulgó este martes la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica en todo el país. Sin embargo, ambas quedaron suspendidas hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.

La medida fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, bajo el argumento del impacto fiscal que implicaría su implementación.

La Ley de Financiamiento Universitario había sido sancionada tras el rechazo al veto presidencial. Su objetivo es garantizar la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de recomponer los salarios del personal docente y no docente. Según estimaciones oficiales, el costo total proyectado asciende a más de un billón de pesos para 2025 y a dos billones para 2026.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica busca garantizar la atención sanitaria infantil, fortalecer hospitales y residencias médicas, y recomponer los salarios del personal de salud que trabaja con población pediátrica. También prevé exenciones en el impuesto a las ganancias para profesionales que realicen guardias o actividades críticas. El costo fiscal estimado supera los $196 mil millones, cifra que, según el Ejecutivo, excede las posibilidades presupuestarias actuales del Ministerio de Salud.

Desde el Gobierno argumentaron que el Congreso no especificó las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los gastos que implican ambas normas. Por esa razón, su aplicación quedó suspendida hasta que se asignen los recursos correspondientes en el Presupuesto Nacional.

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