El Gobierno lanza privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina y abre la puerta al capital privado
El Gobierno nacional oficializó el inicio de la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal que produce energía nuclear en el país, mediante el Decreto 695/2025. La medida combina la venta de acciones a inversores privados y la implementación de un Programa de Propiedad Participada para trabajadores, mientras el Estado mantiene el control mayoritario.
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📲 Click AQUÍ Actualmente, la empresa está controlada en un 79 % por el Estado nacional, un 20 % por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1 % por Energía Argentina S.A. (ENARSA). Con la privatización parcial, el 44 % de las acciones se ofrecerá mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que un 5 % será destinado a los empleados. El Estado y la CNEA conservarán el 51 % restante, asegurando la mayoría accionaria. Además, ENARSA transferirá su 1 % de participación al Estado, y NASA cederá 0,01 % de su participación en ENARSA.
Desde el Ejecutivo aseguran que la intervención estatal por sí sola no garantizó eficiencia económica y que la entrada de capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I prevista para 2027 y completar el almacenamiento en seco de elementos combustibles de Atucha II. También se espera que la privatización contribuya a reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos.
En 2023, la compañía recibió 700 millones de pesos del Estado para sostener inversiones, pero el Gobierno insiste en que es necesario sumar socios privados para fortalecer la competitividad de la empresa. En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %.
El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas estarán a cargo de la licitación, que será pública y con alcance nacional e internacional, siguiendo los lineamientos de la Ley 23.696. La Secretaría de Trabajo evaluará la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y enviará un informe a la Comisión Bicameral del Congreso para cumplir con los requisitos legales.
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