Encuentro Federal impulsa la destitución de Francos por frenar la ley de emergencia en discapacidad

Diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, encabezados por Oscar Agost Carreño, presentaron este lunes una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por negarse a aplicar la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pese a que el Congreso rechazó el veto presidencial y la norma quedó firme.

La Constitución Nacional, en su artículo 101, establece que el jefe de Gabinete puede ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. De reunir ese número, la oposición podría avanzar con la destitución de Francos si logra fundamentar las acusaciones.

“El Gobierno rompió el estado de derecho”, afirmó Agost Carreño en la red social X, al cuestionar la suspensión de la implementación de la ley ratificada por ambas cámaras. “La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, añadió.

La iniciativa lleva las firmas de referentes del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, entre ellos Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón. El propio Pichetto advirtió en X: “Lo informado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles”.

El Gobierno promulgó este lunes la ley de emergencia en discapacidad mediante el decreto 681/25, pero en el mismo texto advirtió que suspendía su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento dentro del Presupuesto 2026.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro consideró que “con el Decreto 681/2025, el Presidente incurre en nulidad absoluta”, ya que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”. Y agregó: “No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”.

Con el Decreto 681/2025, el Presidente incurre en nulidad absoluta. Pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite. No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) September 22, 2025

Ferraro remarcó que la Ley 27.793 obliga al jefe de Gabinete a asignar o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento: “No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”.

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