El Gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad pero advierte que no la aplicará hasta que el Congreso defina el financiamiento

El Poder Ejecutivo promulgó hoy, mediante el decreto 681, la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad –que estará vigente hasta diciembre de 2026–, pero dejó en claro que no la pondrá en marcha hasta que el Congreso establezca de dónde saldrán los fondos para cubrir el gasto estimado en tres billones de pesos para este año.

La norma, que había sido vetada por el presidente Javier Milei y cuyo veto fue rechazado por Diputados el 20 de agosto (172 votos contra 73) y por el Senado el 4 de septiembre (63 contra 8), obliga a recomponer las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 según la inflación acumulada, a actualizar de forma automática las pensiones no contributivas conforme al IPC y a otorgar una pensión inembargable a mayores de 70 años o personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además fija el monto de las pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio y prevé una reducción del 50% de las contribuciones patronales durante tres años para empresas que contraten personal con discapacidad.

Pese a que la ley habilita al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a reasignar partidas para su financiamiento, el Gobierno sostiene que el Congreso no indicó una fuente concreta de recursos, como exige el artículo 5 de la Ley 24.629: “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos; en caso contrario quedará suspendida su ejecución”.

Según los cálculos oficiales, solo la creación de la nueva pensión no contributiva generaría un gasto de 2,16 billones de pesos en 2025 (0,26% del PBI) y de 4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A esto se sumarían 574.200 millones de pesos este año y 1,2 billón en 2026 por el aumento de beneficiarios del Programa Incluir Salud, más 278 mil millones por la actualización de prestaciones. En total, la implementación plena de la ley demandaría cerca de tres billones de pesos, equivalente al 0,35% del PBI.

Ante esta decisión, el bloque Encuentro Federal anunció que pedirá la interpelación de Francos y un voto de censura por “incumplir la Ley 27.793”, dictar decretos “nulos e inconstitucionales” y no reasignar las partidas conforme a la norma promulgada.

El Gobierno justificó su postura recordando que ya había vetado la ley por falta de previsión financiera: “sin perjuicio de la sensibilidad que reviste la temática, resulta imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”.

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