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El Senado debatirá el jueves el veto a los ATN y buscará sancionar la Ley Nicolás

El Senado de la Nación sesionará el próximo jueves desde las 11 con un temario clave: rechazar el veto presidencial al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y sancionar la Ley Nicolás, aprobada en diciembre de 2023 por la Cámara de Diputados.

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En la reunión de Labor Parlamentaria presidida por el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se definió además el debate de dos proyectos con dictamen: uno que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía y otro que agrava las penas para accidentes viales.

Aunque el gobierno de Javier Milei busca recomponer la relación con los gobernadores, las negociaciones por los ATN se concentran en Diputados, un ámbito considerado menos hostil para el oficialismo, que en los últimos meses alternó derrotas con algunas victorias ajustadas, como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio y a la moratoria.

El proyecto de los ATN, impulsado por mandatarios provinciales, ya había recibido 56 votos afirmativos en el Senado, con ausencias tanto de legisladores libertarios como de senadores alineados con gobernadores que sellaron alianzas con La Libertad Avanza u optaron por jugar de manera independiente.

Ley Nicolás y Alerta Sofía

La Ley Nicolás busca prevenir la mala praxis y diagnósticos erróneos, tras la muerte de Nicolás Deanna por una meningitis no detectada a tiempo.

En cuanto a la Alerta Sofía, se unificaron dos proyectos del senador Juan Carlos Romero para dar marco legal a la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas y para convertir en ley el programa nacional de alerta rápida creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad.

El dictamen establece la creación de un Registro Nacional de Búsqueda de Personas bajo la órbita de la cartera de Seguridad y dispone que la Alerta Sofía se active dentro de las seis horas posteriores a la denuncia de desaparición de un menor de 18 años en situación de extrema gravedad.

Aumento de penas por siniestros viales

El proyecto que agrava las sanciones para accidentes viales establece penas de dos a cinco años de prisión e inhabilitación especial de cinco a diez años para quienes, por conducción imprudente, negligente, con impericia o en infracción, causen la muerte de otra persona.

Las condenas se elevan de cuatro a ocho años –con inhabilitación especial por el doble de la pena– si el conductor consume drogas, alcohol, medicamentos que reduzcan su aptitud, supera en un 30% la velocidad máxima o maneja sin habilitación correspondiente.

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