Allanaron la Secretaría de Trabajo por la causa UATRE
El juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, en el marco de una investigación que lo involucra junto al diputado nacional Pablo Ansaloni. La causa, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan, apunta a presuntas maniobras para quedarse con el control de la obra social Osprera, perteneciente a la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores).
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📲 Click AQUÍ Desde la muerte de Gerónimo “Momo” Venegas en 2017 y del posterior fallecimiento de su sucesor, Ramón Ayala, el gremio que hoy conduce José Voytenco atraviesa una fuerte interna marcada por disputas políticas, denuncias cruzadas y el manejo de una de las obras sociales más grandes del país.
El trasfondo de la denuncia
En febrero, Voytenco denunció a Ansaloni, a Claudio Alberto Aquino (director de Asociaciones Sindicales), y a Marcelo Petroni (interventor de Osprera), por planear la intervención del gremio y su obra social para quedarse con su control.
Según la fiscalía, Petroni firmó transferencias por 7.700 millones de pesos a favor de la droguería Suizo Argentina entre fines de 2024 y marzo de 2025, lo que refuerza las sospechas sobre un circuito económico paralelo.
Pruebas y comunicaciones
La investigación judicial obtuvo audios, mensajes de WhatsApp y registros de reuniones que vinculan a los imputados con funcionarios del gobierno. En uno de los chats, Petroni afirma: “Nadie más que los Menem están impulsando la intervención de UATRE. Me consta”.
En otro intercambio, ordena a un colaborador: “Avísale a Lule, eso lo tiene que saber Martín y Lule”, en alusión a Martín Menem y su primo, Eduardo “Lule” Menem, dirigentes cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Los registros incluyen también encuentros en la Secretaría de Trabajo, la Casa Rosada y reuniones con el ministro de Salud, Mario Lugones, donde se habrían coordinado pasos para avanzar en la intervención.
El documento de la fiscalía
El dictamen de la fiscalía —base del allanamiento— sostiene que existe un plan criminal para desplazar a las autoridades de UATRE y tomar control de la obra social. Entre los puntos más relevantes figuran:
- Convocatoria a indagatoria de Ansaloni, Cordero, Aquino, Petroni y otros funcionarios.
- Pruebas documentadas: grabaciones, chats y expedientes administrativos en la Secretaría de Trabajo.
- Reuniones con funcionarios del Gobierno que, según la investigación, refuerzan la hipótesis de connivencia.
- La Cámara Nacional de Apelaciones ya había rechazado una solicitud de intervención del sindicato, destacando el principio de libertad sindical.
Próximos pasos judiciales
La fiscalía solicitó la declaración indagatoria de seis imputados, entre ellos Ansaloni y Cordero, bajo el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La investigación busca determinar si existió un acuerdo criminal para intervenir UATRE con el fin de desplazar a las autoridades legítimas y controlar Osprera, una obra social que atiende a miles de trabajadores rurales y sus familias.
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