El Gobierno acelera privatizaciones y frena control del Congreso

Mientras el Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de empresas públicas, el Congreso aún no logra conformar la comisión bicameral encargada de controlar el proceso. La demora, que ya lleva casi dos años, fue señalada incluso por aliados del oficialismo, como el senador Juan Carlos Romero, quien denunció que “el bloque oficialista está pidiendo no constituirla”.

La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por la Ley 23.696, tiene la función de monitorear los actos administrativos vinculados a la venta de activos estatales. Sin embargo, sigue sin integrarse completamente, en un contexto donde el Ejecutivo acelera los procesos de licitación de al menos nueve empresas públicas.

Empresas en lista de privatización

Según información oficial, el Gobierno busca avanzar antes de fin de año con la privatización de:

• Intercargo
• Corredores Viales
• AySA
• Enarsa
• Belgrano Cargas
• Represas del Comahue

A ellas se suman otras compañías incluidas en la Ley Bases, como:

• Nucleoeléctrica Argentina
• Yacimientos Carboníferos Río Turbio
• Trenes Argentinos

El proceso es liderado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la conducción de Diego Chaher, quien aseguró que “todas están en un grado de avance”, aunque el llamado a licitación será recién hacia fin de año.

Una comisión paralizada

La bicameral está legalmente habilitada para solicitar informes, revisar oferentes y emitir dictámenes no vinculantes, pero no tiene aún sus autoridades designadas, condición necesaria para comenzar a funcionar.

Por la Cámara de Diputados, ya fueron nombrados los seis miembros:

• Diego Santilli (PRO)
• Facundo Correa Llano (LLA)
• Pablo Cervi (LI)
• Victoria Borrego (CC)
• Ana María Ianni (UP)
• Florencia Carignano (UP)

En el Senado, hay cuatro representantes confirmados:

• Juan Carlos Romero (Cambio Federal)
• Juan Carlos Pagotto (LLA)
• Eduardo Vischi (UCR)
• Carlos Espínola (UF)

Faltan dos lugares por Unión por la Patria, bloque que asegura haber enviado sus postulaciones hace meses. Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel aún no los oficializó.

Reclamos desde todos los bloques

El senador Romero criticó la inacción:

“Hay una sensación de temor del Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”.

Por su parte, Germán Martínez (UP), presidente del bloque en Diputados, envió una carta en diciembre de 2023 al titular de la Cámara baja, Martín Menem, exigiendo la constitución de la comisión.

“No hay nada, reclamé por carta y varias veces en el recinto, pero no tenemos novedades”, afirmó a Infobae.

Un senador de UP advirtió:

“Son Menem y Villarruel los que tienen que poner en marcha esto y no lo hacen, mientras el Ejecutivo nos mete decretos privatizadores todos los días”.

Críticas a la venta de AySA

Uno de los casos más cuestionados es la privatización del 90% del paquete accionario de AySA, empresa que presta servicio a casi 15 millones de personas en el AMBA. La diputada Victoria Tolosa Paz, junto con Sabrina Selva y otros 30 legisladores de UP, presentó un proyecto de rechazo.
El texto denuncia que la medida contraviene el Convenio Tripartito aprobado por la Ley 26.221 y el Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100.

También hubo críticas desde Encuentro Federal. El diputado Nicolás Massot se opuso a la falta de criterios claros:

“Cuando conviene direccionar una licitación prohibiendo empresas estatales extranjeras lo hacen (hidrovía), y cuando conviene no hacerlo no lo hacen (AySA). Todo a medida”.

Massot compartió una nota donde se vincula a una empresa israelí con empresarios cercanos al Gobierno, como Filiberti y Sielecki, en el interés por quedarse con AySA.

Qué se espera tras el receso

Con el receso invernal en marcha, la presión política por la constitución de la comisión bicameral se reactivará en las próximas semanas. El avance del Ejecutivo sobre empresas públicas estratégicas reaviva los reclamos de transparencia institucional.

Mientras tanto, el oficialismo gana tiempo con los decretos ya autorizados en la Ley Bases, aunque sin mecanismos formales de control legislativo.

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