Javier Alonso advirtió sobre filtraciones internas a referentes libertarios
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, decidió desafectar a 24 efectivos de la Policía Bonaerense tras una denuncia que alertó sobre la existencia de una estructura interna con fines políticos, presuntamente vinculada a referentes de La Libertad Avanza.
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📲 Click AQUÍ La medida fue adoptada luego de que Asuntos Internos recibiera una denuncia anónima que detallaba maniobras de filtración de información confidencial a legisladores nacionales y la utilización de espacios institucionales para actividades partidarias. Según se informó, los policías involucrados habrían colaborado con Maximiliano Bondarenko, excomisario retirado y actual candidato libertario por la Tercera Sección Electoral.
Una “consultora política” dentro de la fuerza
De acuerdo con la investigación preliminar, el grupo de uniformados conformó una estructura paralela dentro de la fuerza, utilizando oficinas, salones y recursos logísticos para apoyar el armado político de Bondarenko. La denuncia sostiene que el vínculo entre el excomisario y algunos jefes policiales era estrecho, con antecedentes compartidos en causas judiciales y operaciones inmobiliarias.
Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que la medida no constituye un despido sino una desafectación preventiva, lo que implica que los efectivos pasan a disponibilidad mientras se sustancia la investigación administrativa. En este contexto, Alonso remarcó que la intervención busca preservar la integridad institucional de la fuerza y evitar interferencias.
Uno de los puntos más graves revelados es que los efectivos habrían facilitado información sobre operativos en curso a legisladores nacionales del espacio libertario, lo cual representa una violación directa a las normas de confidencialidad y al principio de neutralidad política que rige en las fuerzas de seguridad.
Reacciones y consecuencias
La decisión del ministro generó una rápida respuesta política. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, criticó duramente al gobernador Axel Kicillof, acusándolo de “odiar a la policía”. Sin embargo, desde la cartera bonaerense respondieron que la actuación se centra exclusivamente en hechos concretos y no en afinidades ideológicas.
El expediente judicial reúne testimonios, registros de comunicaciones electrónicas y evidencia documental sobre el uso indebido de espacios policiales. Participan de la pesquisa Asuntos Internos y especialistas en delitos informáticos, quienes deberán determinar si los hechos configuran faltas administrativas o incluso delitos penales.
Desde el Gobierno provincial insisten en que no se trata de una persecución ideológica, sino de sancionar conductas incompatibles con el rol policial. “El objetivo es mantener a la fuerza lejos de cualquier injerencia partidaria y garantizar su funcionamiento institucional”, subrayaron voceros del Ministerio.
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