SAN NICOLÁS

Cierre de la planta Atanor: exigen plan de remediación ambiental urgente

Desde el Consejo Profesional de Química piden controles estrictos y sanciones tras contaminación en San Nicolás

El cierre de la planta Atanor en San Nicolás generó un llamado urgente del Consejo Profesional de Química (CPQ) de la provincia de Buenos Aires para que la empresa lleve adelante un plan exhaustivo de remediación ambiental tras los repetidos episodios de contaminación que afectaron al entorno y a la población.

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Reclamo por controles rigurosos y sanciones

El CPQ exigió que los organismos estatales realicen controles estrictos con personal idóneo y matriculado para diagnosticar el alcance del daño sanitario y ambiental, así como para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas. Además, pidió que, si corresponde, se apliquen las sanciones previstas por la ley.


Contaminación confirmada y clausura preventiva

La clausura total y preventiva fue dispuesta por la Autoridad del Agua (ADA) provincial luego de comprobar la presencia de contaminantes graves en la planta, como glifosato, atrazina, clorpirifos (prohibido en Argentina), fenoles y metales pesados (arsénico, plomo y cromo). Se constató que Atanor vertía residuos industriales por un ducto autorizado solo para efluentes cloacales, violando la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.


Incertidumbre ante relocalización y antecedentes preocupantes

Atanor anunció un proceso de relocalización, manteniendo en San Nicolás un centro logístico para productos peligrosos. El presidente del CPQ, Carlos Colángelo, cuestionó la falta de controles previos y la posible impunidad de la empresa en sus operaciones, y advirtió sobre la posible repetición de irregularidades en la nueva sede en Río Tercero, Córdoba.

Colángelo recordó además la explosión ocurrida en marzo de 2024 en la planta, cuya investigación fue cuestionada por la comunidad y expertos.


Contexto general y demanda al Ministerio de Ambiente

El CPQ alertó que este caso forma parte de un contexto de falta de controles generalizados en la industria químico-industrial bonaerense, con potenciales riesgos para las comunidades aledañas.

Por último, se exigió que el Ministerio de Ambiente asuma su responsabilidad con un plan de remediación total y efectivo, junto con la aplicación de sanciones que garanticen el cumplimiento normativo y la protección ambiental.

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