Causa Seguros: Alberto Fernández fue procesado por negociaciones incompatibles con su función
El ex presidente Alberto Fernández fue procesado este sábado en el marco de la conocida Causa Seguros, por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor. El fallo fue dictado por el juez federal Sebastián Casanello, quien además dispuso un embargo sobre sus bienes por $14.634.220.283.
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La investigación reveló un presunto esquema de direccionamiento de contratos a favor de intermediarios vinculados a Fernández durante su gestión. En ese contexto, fueron también procesados el empresario Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, quien además fue durante años la secretaria personal del ex presidente.
Según consta en la resolución judicial de más de 400 páginas, Martínez Sosa —conocido como “Hecky”— habría utilizado su vínculo personal con Fernández para obtener beneficios millonarios a través de contratos de seguros gestionados por el Estado. Solo entre 2019 y 2023, las comisiones cobradas por él y su red superaron los $2.297 millones, lo que representa casi el 60% del total pagado por estas gestiones durante ese período.
Las pruebas que comprometieron a los acusados
Uno de los elementos clave que impulsaron el procesamiento fueron las filtraciones de chats privados, que confirmaron visitas de Martínez Sosa a la quinta de Olivos sin registración oficial. Además, se comprobó que su pareja, Cantero, facilitaba el acceso a reparticiones estatales para la concreción de los negocios.
El juez sostuvo que existió una maniobra sistemática para favorecer a ciertos actores del mercado de seguros, violando los deberes de funcionario público y afectando el interés general.
Próximas etapas del proceso
El procesamiento de Alberto Fernández es sin prisión preventiva, pero lo deja formalmente imputado en una causa de alto impacto institucional y económico. El embargo dispuesto apunta a asegurar la posible restitución del dinero que, según la Justicia, habría sido desviado indebidamente.
Se espera que en las próximas semanas se definan nuevos llamados a declaración indagatoria y que avance la recolección de pruebas documentales de organismos estatales, incluyendo la Superintendencia de Seguros de la Nación y distintas empresas públicas.
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