Disuelven Vialidad Nacional: crean nueva agencia de control
El Gobierno desmantela tres organismos viales y transfiere funciones al Ministerio de Economía y Gendarmería
Disuelven Vialidad Nacional, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito, como parte de una profunda reestructuración estatal. El Ejecutivo avanza con esta medida en el marco de la Ley de Bases, buscando reducir el gasto público, centralizar funciones y promover la eficiencia administrativa.
¡Mantenete al tanto de las últimas noticias de San Nicolás y el país!
Unite a nuestro CANAL DE WHATSAPP y recibí las novedades directamente en tu teléfono.
📲 Click AQUÍ Según el borrador del decreto filtrado, las competencias de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) –organismo creado en 1958– serán absorbidas por el Ministerio de Economía y delegadas a provincias o al sector privado, incluyendo licitaciones, obras y mantenimiento de rutas.
Reducción de estructuras y concentración de poder
El Gobierno sostiene que la DNV es una estructura “onerosa”, con más de 470 cargos jerárquicos y una plantilla que creció un 148% en 15 años. A su vez, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito también serán eliminadas, transfiriendo tareas operativas a Gendarmería Nacional, con foco en controles en rutas nacionales y seguridad vial operativa.
Además, se anunció la disolución de los entes reguladores ENARGAS y ENRE, que serán reemplazados por un único Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Según el Ejecutivo, la medida simplificará el sistema energético, atraerá inversiones y favorecerá contratos directos entre privados.
Rechazo de gremios y provincias
La decisión generó rechazo inmediato por parte de gremios viales, gobernadores y organizaciones de seguridad vial. Las críticas apuntan al vaciamiento institucional, riesgo de deterioro en infraestructura vial y pérdida de capacidades técnicas del Estado.
En provincias como Mendoza, Santa Fe y Río Negro, los reclamos por el estado crítico de las rutas ya estaban en agenda, y esta medida incrementa la preocupación por la falta de financiamiento y mantenimiento regular.
Los trabajadores alertan sobre despidos masivos y sostienen que “la transferencia al sector privado no garantiza estándares mínimos de calidad ni control”.
Qué dice el Gobierno
El Ejecutivo defiende la iniciativa como parte de una estrategia de modernización del Estado. Fuentes oficiales aseguran que las funciones esenciales “no serán desatendidas”, y que “se buscará maximizar los recursos disponibles mediante convenios con provincias y licitaciones públicas transparentes”.
Sin embargo, expertos en infraestructura y reguladores energéticos advierten que la concentración de funciones en Economía y Gendarmería puede limitar los controles técnicos independientes, y debilitar la política pública en seguridad vial y servicios esenciales.
Una reforma estructural con impacto federal
La disolución de Vialidad Nacional y la creación de nuevos entes reguladores marcan un cambio de paradigma en la administración pública nacional. Con menos organismos, mayor concentración de decisiones y una orientación al modelo de “Estado mínimo”, el gobierno busca alinear gestión con disciplina fiscal.
Pero la medida plantea interrogantes sobre capacidad operativa, transparencia y protección ciudadana, especialmente en áreas sensibles como infraestructura vial, energía y transporte público.
LEER: Detienen a joven prófugo en el Hospital San Felipe
