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El Estado Nacional acumula millonarias multas impagas en su flota vehicular

Los autos oficiales del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) acumulan más de 450 millones de pesos en multas de tránsito impagas, según un informe basado en pedidos de acceso a la información pública. La deuda corresponde a infracciones en vehículos oficiales de distintos ministerios y organismos nacionales, que en muchos casos no han sido canceladas ni reclamadas formalmente.

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El caso más resonante fue el del ministro bonaerense Carlos Bianco, demorado en abril por negarse a un control de alcoholemia, cuyo auto oficial acumulaba 135 multas por un total de $21,5 millones sin pagar. Esta situación puso en evidencia la existencia de un fenómeno extendido: autos oficiales que incumplen normas viales y rara vez afrontan sus multas.

Flotas y montos adeudados

La Jefatura de Gabinete, con 27 vehículos, reportó más de 1.000 multas impagas, aunque no detalló el monto total. La Subsecretaría de Ambiente informó 690 multas entre vehículos activos y no operativos, con una deuda superior a los $180 millones en Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, el Ministerio de Defensa presentó casos dispares: desde Fabricaciones Militares con deudas modestas, hasta el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, que acumula más de 1.600 multas impagas por más de $32 millones.

Mitos y realidades sobre los privilegios viales

Existe la creencia errónea de que los autos oficiales tienen “libre tránsito” y exención total de multas, pero la ley solo contempla excepciones puntuales, como exenciones de peajes para áreas militares. Sin embargo, en la práctica, la ausencia de controles rigurosos y la falta de exigencia de pago contribuyen a esta problemática.

En varias jurisdicciones, los vehículos oficiales usan permisos nacionales para estacionar en lugares prohibidos sin contar con permisos locales, lo que genera conflictos y muestra la falta de coordinación entre niveles de gobierno.

Falta de transparencia y resistencia a informar

Algunos ministerios no respondieron el pedido de información, mientras que otros escudaron su silencio en la seguridad nacional o la confidencialidad. Además, muchos atribuyen las multas a errores, como patentes mellizas o fallas en el sistema de telepeaje, y han iniciado procesos para regularizar la deuda.

Impacto y conclusiones

Este cuadro evidencia una débil gestión del parque automotor oficial y una tolerancia preocupante hacia el incumplimiento de normas viales. La ciudadanía cumple con las leyes mientras los vehículos estatales generan deudas millonarias que afectan la imagen y el presupuesto público.

La regularización y fiscalización de estas multas es un desafío pendiente que demanda coordinación entre las distintas jurisdicciones y una política clara para evitar el uso privilegiado e irresponsable de autos oficiales.

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