SIGEN: detectan fallas en el control de comedores populares

Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó graves irregularidades en el control de comedores populares registrados en el sistema RENACOM, dependiente del exministerio de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia). El informe reveló que solo el 3% de los establecimientos fueron verificados de forma presencial, y que más del 87% de los registros estaban duplicados o mal cargados.

El titular del organismo, Miguel Carlos Blanco, confirmó que de 54.613 inscripciones analizadas, unas 38.000 no habían sido visitadas por ningún inspector. “Muchos formularios estaban incompletos, con datos nulos, direcciones inexistentes o campos vacíos”, explicó.

Sistema mal diseñado y sin validación

El funcionario detalló que la falla se originó en la propia base digital. “El sistema RENACOM permitía inconsistencias sin validación, no tenía control de integridad. La base misma ya estaba mal diseñada”, sostuvo Blanco. Además, aseguró que en las visitas aleatorias realizadas encontraron establecimientos que no existían o no cumplían con lo declarado.

Consultado sobre si estos lugares recibieron fondos públicos, respondió: “La parte física y financiera aún no fue auditada. Eso es materia de la segunda etapa. Pero es evidente que no se controlaba a quién se le giraba dinero ni qué hacían con él”.

Riesgo de corrupción estructural

Para Blanco, el débil sistema de fiscalización genera un terreno fértil para la corrupción. “Esto lo estamos viendo en todos los organismos que auditamos. No hay rendición de cuentas, ni evaluación de impacto de los programas. Todo giraba en torno al anuncio político”, cuestionó.

La auditoría demoró más de un año debido a los cambios constantes en la conducción del área auditada. “Desde diciembre de 2023 pedimos datos, pero recién ahora logramos acceder a información clave. Hubo tres titulares del área en menos de un año, lo que retrasó todo el proceso”, explicó.

Polémica con la UBA por la auditoría de fondos

Blanco también se refirió al conflicto con la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se niega a ser auditada por la SIGEN alegando su autonomía. “La autonomía universitaria no implica no rendir cuentas. Las universidades manejan fondos públicos y deben ser auditadas. Hasta 2022, la SIGEN lo hacía sin problemas, fue recién con un dictamen posterior que eso cambió”, remarcó.

Actualmente, la situación se encuentra judicializada, aunque la mayoría de las universidades del país sí están siendo auditadas. “Firmamos convenios con la Universidad de La Matanza, la del Nordeste, entre otras. La única que se negó es la UBA”, señaló Blanco.

No obstante, confirmó que la institución comenzó a cargar información en el sistema CINTRARED, una herramienta de la Secretaría de Educación para el seguimiento del uso de fondos. “Es un primer paso hacia la normalización”, afirmó.

La necesidad de un control eficiente

Para el titular de la SIGEN, la clave está en volver a los principios básicos de administración pública. “La Argentina necesita saber quién recibe fondos públicos, para qué y con qué resultados. Eso no es persecución política, es sentido común y responsabilidad institucional”, concluyó.

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