Impulsan una ley para resguardar a quienes compran departamentos en pozo
El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto que busca proteger a los compradores de inmuebles en construcción, una modalidad de inversión que ha crecido notablemente en el país, pero que también expone a los consumidores a numerosos riesgos debido a la falta de un marco legal específico.
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Un régimen especial para compras en desarrollo
La iniciativa del legislador cordobés, integrante del bloque Encuentro Federal, propone crear una legislación complementaria a la Ley de Defensa del Consumidor, tomando como referencia normativas existentes en España, México y Estados Unidos.
El objetivo es establecer mayores controles y transparencia en la operatoria de proyectos inmobiliarios, garantizando el uso adecuado de los fondos aportados, el cumplimiento de los plazos de obra y la responsabilidad de los desarrolladores en la entrega de las unidades comprometidas.
Puntos clave del proyecto
Entre los principales artículos, se destacan los siguientes:
- Los fondos aportados por los compradores solo podrán ser utilizados para la obra específica comprometida, y no para otros fines.
- Los desarrolladores deberán entregar informes trimestrales a los compradores, detallando el estado de avance de la obra, plazos estimados y eventuales demoras.
- Se exigirá la presentación de balances anuales auditados, elaborados por profesionales matriculados.
- Creación de un Fondo de Garantía, equivalente al total de los anticipos recibidos, destinado a devolver el dinero a los compradores en caso de incumplimiento contractual.
- Establecimiento de un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios, de inscripción obligatoria para operar en el sector.
Sanciones económicas y penales
El proyecto también contempla sanciones económicas por demoras injustificadas en la entrega de las propiedades: se aplicaría una multa diaria del 0,1% del valor del contrato, con un tope del 10%.
Además, se propone modificar el Código Penal para incluir penas de 2 a 8 años de prisión en casos de estafa, cuando se compruebe un perjuicio económico mediante engaño o abuso de confianza.
Casos que inspiran el proyecto
Agost Carreño señaló que la falta de regulación permitió que “desarrolladores inescrupulosos operen sin controles, poniendo en riesgo los ahorros de miles de familias”. Citó como ejemplo el caso de Márquez & Asociados, que dejó a más de 4.000 familias sin respuestas y generó un fuerte impacto negativo en la confianza pública.
“No se trata de demonizar esta modalidad, que bien regulada puede ser una vía legítima de acceso a la vivienda o de inversión”, aclaró el diputado.
“El espíritu de esta ley es dotar de un marco que ofrezca seguridad, transparencia y herramientas de control a los compradores, y sanciones claras ante los incumplimientos”.
Finalmente, subrayó que el proyecto no busca generar obstáculos a los desarrolladores responsables, sino resguardar a quienes apuestan sus ahorros a una vivienda futura.
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