Reprocann actualizado: el Gobierno redefine las reglas para el uso y cultivo de cannabis medicinal
El Ministerio de Salud introdujo una nueva normativa que impacta a pacientes, cultivadores solidarios y ONG que utilizan cannabis con fines medicinales
Más de 500 días después de asumir funciones, el Gobierno nacional resolvió finalmente la situación de incertidumbre que afectaba a unas 100.000 personas que aguardaban su autorización para cultivar cannabis con fines medicinales. La Resolución 1780/2025, publicada en el Boletín Oficial, modifica el funcionamiento del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) y redefine los requisitos para personas físicas, cultivadores solidarios, organizaciones civiles e investigadores.
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Cambios clave y continuidad para los autocultivadores
Aunque la resolución introduce nuevas categorías y controles, no modifica el esquema básico de permisos ya vigente: quienes cuenten con indicación médica podrán seguir cultivando hasta nueve plantas florecidas por un período de tres años, como lo establecía la regulación anterior. Además, siguen vigentes los permisos de transporte de hasta 40 gramos de flores o 30 miligramos de aceite, siempre que el usuario esté registrado y tenga la credencial disponible en la app Mi Argentina.
Según fuentes oficiales, quienes ya tengan permiso activo no verán alteradas sus condiciones. Solo deberán presentar, al momento de renovar, un seguimiento médico que documente evolución, mejoras o retrocesos.
No obstante, quienes hayan iniciado el trámite y aún no fueron autorizados deberán comenzar de nuevo, cumpliendo con las nuevas disposiciones.
Nuevas categorías de usuarios
La nueva reglamentación divide a los inscriptos en tres categorías:
- Usuarios/pacientes con indicación médica.
- Cultivadores (personas físicas o jurídicas que cultiven en representación).
- Personas jurídicas con proyectos de investigación y desarrollo, como ONG o asociaciones.
En el caso del cultivador solidario, este podrá cultivar solo para sí mismo y para un único usuario adicional, con un máximo de 18 plantas florecidas. Además, deberá contar con el consentimiento del usuario, una renuncia de este a autocultivar, y no tener antecedentes penales firmes por infracción a la Ley de Estupefacientes N.º 23.737.
Se exige también la presentación de informes cromatográficos, reportes semestrales y documentación médica actualizada emitida por un profesional con formación específica.
Requisitos más estrictos para ONG y “clubes de cultivo”
Las organizaciones civiles y fundaciones deberán inscribirse dentro del marco de la Ley de Uso Medicinal del Cannabis. El permiso se otorgará solo por un año y quedará sujeto a una serie de exigencias más rigurosas:
- Presentación de la nómina de usuarios vinculados.
- Registro de información médica y antecedentes penales de sus autoridades.
- Designación de un Director Médico responsable solidario con el profesional prescriptor.
- Informe semestral obligatorio con detalle de dosis, concentración de THC, evolución de pacientes, entre otros.
- Designación de un Responsable Técnico del cultivo con formación agrícola o científica.
Desde el activismo, las críticas no se hicieron esperar. Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, consideró que esta medida “convierte a las ONG en clínicas privadas”:
“La gente viene derivada de hospitales o profesionales. Si hay que pagarle a un médico por informes, el acceso queda limitado al que puede pagarlo. No es una política sanitaria, es una política de ajuste”.
Claudia Pérez, del Consejo Consultivo Honorario, expresó su malestar por no haber sido consultados previamente:
“Los requisitos son excesivos. Nos dijeron que no sabían cuándo estaría la normativa ni su contenido”.
Rol médico y registro obligatorio
Los médicos deberán estar registrados en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y acreditar formación en cannabis medicinal. También deberán contar con firma digital registrada ante el Ministerio de Salud.
Una prioridad relegada
La resolución, firmada por el ministro Mario Iván Lugones, reconoce los efectos adversos de la normativa anterior y plantea un “reordenamiento del marco regulatorio”. Sin embargo, el colectivo cannábico considera que la demora y los nuevos obstáculos demuestran el desinterés del Gobierno por garantizar un acceso amplio y equitativo.
En las próximas horas se esperan mayores repercusiones de los distintos sectores vinculados a la medicina cannábica, que desde hace años luchan por un marco legal justo.
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