La Iglesia cuestiona la baja de imputabilidad y reclama un abordaje social integral
El obispo Dante Braida advirtió que el encierro de menores no resuelve el problema y pidió al Gobierno abrir el debate a más sectores
En el marco del avance legislativo de un proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, la Iglesia Católica Argentina manifestó su rechazo a la iniciativa y advirtió sobre las consecuencias sociales de una política basada únicamente en el castigo.
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Desde La Rioja, Monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social, afirmó que “poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”. Para el prelado, la criminalización temprana no es la vía adecuada y, en cambio, se debe apostar por una respuesta preventiva e integral.
El pronunciamiento llega en vísperas de una reunión clave en Diputados, donde el oficialismo, con apoyo parcial del PRO, la UCR, el MID y bloques aliados, intentará emitir dictamen favorable. Si bien el proyecto original impulsado por el Gobierno proponía los 13 años como nuevo umbral, el texto consensuado bajó esa marca a los 14 años.
En una entrevista con Infobae, Braida planteó una mirada crítica hacia las respuestas punitivas ante el delito juvenil:
“Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves”.
También señaló que los regímenes penitenciarios actuales están colapsados y advirtió que, lejos de rehabilitar, muchas veces las cárceles agravan los problemas sociales y personales de los menores.
“Lo que necesitan estos chicos es oportunidades”, expresó.
La Iglesia también coincidió con varios legisladores que alertaron sobre la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores en conflicto con la ley. Ninguno de los proyectos debatidos, señalaron, prevé recursos específicos para construir centros de detención diferenciados o programas de reinserción efectivos.
Frente a este panorama, Braida elevó un pedido directo al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich:
“Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas”.
El obispo remarcó que esta no es una visión exclusivamente eclesial:
“Es una posición que no es solo de la Iglesia, sino también de muchas organizaciones”.
Finalmente, llamó a evitar medidas apresuradas:
“El problema requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio. Necesitamos que muchas más voces se expresen, porque eso también nos va a iluminar por dónde tenemos que ir”.
La Iglesia se suma así al conjunto de actores que reclaman al Congreso mayor reflexión antes de avanzar con una reforma que puede marcar un antes y un después en el tratamiento penal juvenil en Argentina.
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