El Banco Central requiere adicionalmente USD 1.200 millones en reservas para alcanzar sus compromisos con el FMI

El Banco Central se enfrenta a la tarea de agregar USD 1.200 millones más a sus reservas para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar de los esfuerzos de acumulación que ha emprendido desde el impactante ajuste cambiario de diciembre.

El recién establecido programa con el organismo internacional ha impuesto nuevas condiciones de acumulación de reservas a la institución dirigida por Santiago Bausili, con un horizonte que se extiende hasta septiembre de 2024, coincidiendo con la conclusión del Extended Fund Facility (EFE) iniciado en marzo de 2022.

Aunque la meta anual implica la acumulación de USD 10.000 millones durante el primer año del mandato presidencial de Javier Milei, hay objetivos intermedios determinados por las fluctuaciones estacionales en la velocidad cambiaria.

El segundo trimestre, marcado por la liquidación de la cosecha gruesa de la soja, representa el apogeo de la abundancia de dólares en el BCRA, con un objetivo de USD 9.200 millones más que en diciembre pasado, según lo estipulado en el programa con el Fondo. Esto le proporciona al presidente un cierto margen para incluso perder hasta USD 1.800 millones de reservas entre julio y septiembre, meses en los que históricamente se registra un menor ingreso de divisas por el comercio exterior.

Para el 31 de marzo, el Banco Central debería haber acumulado aproximadamente USD 6.000 millones en comparación con el nivel de divisas que tenía al inicio del mandato de la administración libertaria el 10 de diciembre. Las metas trimestrales de acumulación de reservas incluyen los desembolsos que el FMI pueda autorizar a lo largo del año, a medida que el gobierno cumpla con sus compromisos.

Aunque el FMI ha enviado USD 4.700 millones, una parte significativa de este total, USD 2.800 millones, se ha destinado al pago de vencimientos de enero y febrero. Otros USD 920 millones están pendientes de devolución por parte del Ministerio de Economía a la Corporación Andina de Fomento (CAF), entidad que proporcionó un préstamo a corto plazo al Palacio de Hacienda para cubrir obligaciones de pago en diciembre pasado, cuando el Gobierno aún no había recibido los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI.