Aumento de cuotas en colegios privados bonaerenses: desafío económico para la clase media
Los colegios privados con subvención estatal en la provincia de Buenos Aires enfrentan un incremento del 42,6% en las cuotas durante el trimestre de julio a septiembre, impactando fuertemente en el bolsillo de la clase media. En julio, las tarifas aumentaron un 15,6%, seguido de un 18% en agosto y otro 9% en septiembre.
La educación ha sido siempre un pilar importante para la clase media, pero este año ha habido un notorio trasvase hacia la educación pública, según especialistas del ámbito educativo.
Las subas fueron autorizadas por el gobierno de Axel Kicillof y abarcan desde el nivel inicial hasta el superior, incluyendo primaria, secundaria, técnica y agraria.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), que representa a 2.300 establecimientos educativos, solicitó un aumento de aranceles del 22% en agosto, con retroactividad a julio y pagadero en cinco cuotas. Por lo tanto, consideran que la suba autorizada es “insuficiente”.
Los colegios tendrán que notificar a los padres y aplicar las nuevas tarifas para los meses de agosto y septiembre de 2023 antes del 18 de agosto. En Argentina, existen aproximadamente 17.000 instituciones educativas privadas, de las cuales casi el 60% recibe algún tipo de subvención estatal, que varía desde el 20% hasta el 100%.
Los aumentos de las cuotas son negociados por las cámaras que representan a los colegios, pero varían según la proporción de la ayuda pública recibida.
Frente a esta nueva suba de cuotas, los colegios privados de la provincia de Buenos Aires advierten que los incrementos no cubren el aumento de costos. En lo que va del año, las cuotas han acumulado un alza del 38,4%, después de que el gobernador Axel Kicillof autorizara un ajuste del 7,5% a partir de junio.
La AIEPBA señala que, tras el acuerdo paritario del 30% para los docentes estatales y los índices inflacionarios vigentes, es necesario aplicar una recomposición para evitar una mayor desestabilización económica en los colegios. La desactualización de los aranceles podría perjudicar aún más a las instituciones educativas, dificultando el sostenimiento de las obligaciones laborales y el proyecto educativo en general.
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