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Buscan prohibir los criaderos comerciales de perros y gatos en todo el país: el proyecto que podría llegar al Concejo Deliberante de San Nicolás

Darian Noto impulsa un proyecto para prohibir los criaderos comerciales de perros y gatos en todo el país. La iniciativa podría llegar al Concejo Deliberante de San Nicolás en 2027.

Una iniciativa que propone prohibir la instalación y el funcionamiento de criaderos comerciales de perros y gatos en los municipios argentinos comenzará a impulsarse en distintas localidades del país. El proyecto de ordenanza, que plantea un cambio profundo en la manera de abordar la reproducción y comercialización de animales de compañía, tiene entre sus impulsores a Darian Noto, voluntario de la Red de Políticas Públicas, quien buscará llevar la propuesta al Concejo Deliberante de San Nicolás durante 2027.

Noto es oriundo de Conesa y actualmente vive en Rosario, donde estudia la carrera de Relaciones Internacionales (RRII). Desde hace varios años participa como voluntario de la Red de Políticas Públicas y trabaja en iniciativas vinculadas con la protección animal, entre ellas el impulso del Plan de Control Poblacional.

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Su participación también tiene un vínculo directo con el trabajo territorial en San Nicolás: la semana pasada coordinó a las personas que concurrieron al tráiler de Salud Animal, en el marco de las actividades destinadas a acercar servicios veterinarios a la comunidad.

Ahora, uno de sus principales objetivos es impulsar la presentación de un proyecto de ordenanza que busca extenderse a los concejos deliberantes de todo el país.

La propuesta parte de una premisa central: el problema de la sobrepoblación de perros y gatos no se resolvería únicamente mediante mayores controles sobre los criaderos, sino que sería necesario terminar con la reproducción y comercialización de animales con fines de lucro.

El documento presentado desarrolla una propuesta de ordenanza de 18 artículos, acompañada por fundamentos jurídicos, sanitarios, ambientales y de bienestar animal. También establece un mecanismo de transición para los establecimientos que actualmente funcionan, con el objetivo de evitar que los animales sean abandonados como consecuencia de una eventual prohibición.

Por qué buscan prohibir los criaderos y no solamente regularlos

Uno de los principales argumentos del proyecto es que permitir la reproducción comercial de perros y gatos mientras los municipios destinan recursos públicos a controlar la sobrepoblación animal genera una contradicción.

En numerosas ciudades se implementan campañas de castración masiva, gratuita y de cercanía, vacunación, desparasitación y programas de adopción. Sin embargo, mientras se intenta reducir la cantidad de animales sin hogar, los criaderos continúan incorporando nuevos cachorros y gatitos al mercado.

Según los fundamentos de la iniciativa, esta situación compite directamente con la adopción de animales que se encuentran en refugios, hogares de tránsito o en situación de calle, y reduce la efectividad de las políticas públicas que desarrollan los gobiernos locales.

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Por ese motivo, sus impulsores consideran que aumentar las exigencias de habilitación o fiscalización no alcanza para resolver el problema de fondo. El objetivo es eliminar la actividad comercial de reproducción, independientemente de que los establecimientos cumplan o no con los requisitos administrativos.

El reconocimiento de los animales como seres sintientes

Otro de los ejes centrales es el reconocimiento de los perros y gatos como seres sintientes, capaces de experimentar dolor, sufrimiento y diferentes estados emocionales.

El documento incorpora como referencia la Declaración de Cambridge sobre la Consciencia, suscripta en 2012 por especialistas en neurociencias, que reconoce la existencia de mecanismos neurológicos asociados a la experiencia consciente en animales no humanos.

También menciona la Declaración de Toulon de 2019, que plantea una discusión jurídica sobre el reconocimiento de los animales y sus derechos.

Desde esa perspectiva, el proyecto sostiene que los animales no deberían ser tratados como productos destinados a satisfacer una demanda comercial o determinados estándares estéticos.

La iniciativa cuestiona especialmente la selección de características físicas de determinadas razas, cuando esas preferencias pueden estar asociadas a enfermedades hereditarias, deformaciones y problemas de salud.

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Las prácticas de cría que el proyecto considera incompatibles con el bienestar animal

Uno de los capítulos más extensos de los fundamentos describe las situaciones que, según las investigaciones citadas por los autores, pueden presentarse dentro de los establecimientos dedicados a la reproducción comercial.

La iniciativa identifica seis problemáticas principales:

1. Explotación reproductiva continuada

El documento advierte sobre la utilización reiterada de hembras para la reproducción, con gestaciones consecutivas y sin respetar los períodos fisiológicos de recuperación.

Entre las consecuencias que menciona se encuentran el agotamiento metabólico, la descalcificación, las infecciones uterinas, los prolapsos y el deterioro de la salud de los animales reproductores.

2. Confinamiento permanente

El alojamiento prolongado en jaulas, caniles reducidos o superficies inadecuadas puede limitar el movimiento e impedir que los animales desarrollen comportamientos naturales, como correr, explorar y socializar.

También se mencionan posibles lesiones en las patas, problemas articulares y alteraciones conductuales.

3. Hacinamiento e insalubridad

La concentración de animales en espacios reducidos puede favorecer la propagación de enfermedades infecciosas, parasitosis y otros problemas sanitarios.

El proyecto menciona enfermedades como parvovirus, moquillo y panleucopenia felina.

4. Selección genética por razones estéticas

La iniciativa cuestiona la reproducción orientada a obtener determinadas características físicas para satisfacer preferencias comerciales.

Entre las patologías mencionadas aparecen el síndrome braquicefálico, la displasia de cadera y codo y la siringomielia, que pueden afectar la calidad de vida de determinadas razas.

También advierte sobre los riesgos de la reproducción endogámica y el descarte de animales que no cumplen con los estándares comerciales buscados.

5. Mutilaciones para evitar conductas naturales

El documento hace referencia a la cordectomía o desvocalización, una intervención que consiste en modificar las cuerdas vocales para reducir o eliminar el ladrido.

La propuesta cuestiona esta práctica porque considera que no resuelve las causas de la conducta y afecta la capacidad natural de comunicación del animal.

6. Destete anticipado

La separación prematura de las crías de sus madres para acelerar su comercialización puede provocar alteraciones en el desarrollo social y conductual, como ansiedad, miedo y dificultades de adaptación.

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Los riesgos sanitarios y ambientales también forman parte del debate

La iniciativa no limita sus fundamentos a la protección individual de perros y gatos. También incorpora argumentos relacionados con la salud pública.

El proyecto señala que los criaderos pueden constituir focos de transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse entre animales y personas.

Además, advierte sobre el uso indiscriminado de antimicrobianos en establecimientos de cría y su posible contribución al problema de la resistencia antimicrobiana, una preocupación sanitaria reconocida internacionalmente.

Desde esta perspectiva, sus impulsores sostienen que la discusión debe contemplar el concepto de Una Salud, que vincula el bienestar animal, la salud humana y el ambiente.

Qué prohíbe concretamente el proyecto de ordenanza

El artículo 1 establece la prohibición de instalar, habilitar y explotar comercialmente criaderos de perros y gatos en todo el territorio municipal.

El artículo 2 define como criadero a cualquier establecimiento, inmueble, recinto o espacio físico donde se mantengan o utilicen perros o gatos para reproducirlos y posteriormente venderlos, permutarlos, subastarlos o entregarlos mediante alguna modalidad comercial.

Un aspecto importante es que la definición contempla las contraprestaciones indirectas. Es decir, también considera comercial una entrega presentada como gratuita cuando está condicionada a la compra de otros productos o servicios, o cuando se utiliza para encubrir una operación comercial.

El artículo 3 establece la prohibición general de la actividad reproductiva con fines de lucro, mientras que el artículo 4 extiende la prohibición a la exhibición, oferta, entrega y comercialización de perros y gatos con fines comerciales.

La restricción comprende locales comerciales, veterinarias, ferias, domicilios particulares y medios digitales, cuando se utilicen para concretar operaciones comerciales dentro de la jurisdicción municipal.

La propuesta no prohíbe las adopciones ni el rescate de animales

Este es uno de los puntos que el documento busca dejar expresamente aclarados.

El artículo 5 establece que la prohibición no alcanza a las adopciones responsables, las tareas de rescate, el tránsito, la reubicación ni las entregas voluntarias de animales sin fines de lucro.

También contempla situaciones en las que una familia tiene una camada no planificada y decide entregar gratuitamente los cachorros o gatitos a familiares, conocidos o rescatistas, siempre que se trate de una situación ocasional y no de una actividad habitual.

La difusión de animales en adopción también queda permitida, incluso cuando se realice en veterinarias, comercios, ferias o plataformas digitales, siempre que no exista una contraprestación ni se condicione la entrega a la compra de bienes o servicios.

El texto aclara que tampoco se considerará una operación comercial el reintegro de gastos veterinarios y sanitarios efectivamente realizados y demostrables, como castraciones, vacunaciones, desparasitaciones y alimentación.

De esta manera, la propuesta apunta a diferenciar el comercio de animales de las actividades solidarias que desarrollan rescatistas, organizaciones y particulares.

Quién controlaría y cómo se aplicarían las sanciones

El proyecto establece que la autoridad de aplicación será el área municipal con competencia en Salud Animal, en coordinación con Control Urbano e Inspección General.

El artículo 7 habilita la realización de inspecciones de oficio o a partir de denuncias, con la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública y coordinar con el Ministerio Público Fiscal los pedidos de órdenes de allanamiento.

Las inspecciones deberán documentarse mediante actas y registros fotográficos o audiovisuales.

En cuanto al régimen sancionatorio, el artículo 9 contempla medidas graduales y acumulativas:

  • Apercibimientos para infracciones formales iniciales que no impliquen riesgos actuales para los animales.
  • Multas económicas.
  • Clausura preventiva o definitiva de los establecimientos.
  • Inhabilitación comercial permanente en casos de reincidencia.
  • Puesta a resguardo de los animales cuando corresponda.

El proyecto establece además un procedimiento que garantiza el derecho de defensa. Una vez notificado, el presunto infractor tendrá diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas.

Un punto especialmente relevante es que, cuando exista un riesgo inminente para la vida, la salud o la integridad de los animales, la autoridad municipal podrá disponer su puesta a resguardo como medida cautelar urgente.

Esta intervención deberá comunicarse a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas. Si se detectan indicios de maltrato o crueldad, también deberá realizarse la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, en el marco de la Ley Nacional 14.346.

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Qué pasaría con los criaderos que ya están funcionando

La iniciativa contempla que una eventual prohibición no puede traducirse en el abandono de los perros y gatos que actualmente se encuentran en establecimientos de reproducción.

Por eso, los artículos 8 y 12 a 14 desarrollan un régimen de transición con plazos y obligaciones específicas.

El procedimiento propuesto contempla:

  • Identificación: el municipio tendrá 30 días corridos desde la promulgación para identificar y notificar a los criaderos existentes.
  • Prohibición inmediata: desde la promulgación no podrán iniciarse nuevos procesos de reproducción, cruza, cría y comercialización.
  • Censo: dentro de los 30 días de la notificación deberá realizarse un relevamiento de los animales, incluyendo especie, sexo, edad aproximada, estado sanitario y reproductivo e identificación individual.
  • Plan de cierre: los titulares tendrán 60 días desde la notificación para presentar un plan que determine el destino de cada animal.
  • Castración obligatoria: los animales reproductores deberán ser presentados ante la autoridad municipal o los efectores que esta designe para realizar las intervenciones.
  • Cierre definitivo: los establecimientos tendrán un plazo improrrogable de 180 días corridos desde la notificación para cesar toda actividad reproductiva y comercial.

Los animales podrán permanecer con sus responsables como animales de compañía, ser entregados en adopción responsable o ser reubicados mediante los mecanismos previstos en la ordenanza.

El proyecto también establece que los titulares deberán continuar garantizando alimentación, agua, refugio, higiene y atención veterinaria hasta que se concrete la reubicación.

El cese de la actividad comercial no extinguirá la responsabilidad de quienes mantienen a los animales.

El Estado municipal deberá garantizar los recursos para la transición

Otro aspecto importante es que el proyecto no pretende trasladar toda la responsabilidad a las organizaciones proteccionistas.

El artículo 11 establece que los animales puestos a resguardo quedarán bajo la guarda de la autoridad municipal, que deberá garantizar atención veterinaria y condiciones adecuadas de alojamiento.

Los municipios podrán celebrar convenios con organizaciones de protección animal, hogares de tránsito y entidades sin fines de lucro para colaborar con la recuperación, el alojamiento y las posteriores adopciones.

Sin embargo, esos acuerdos deberán contemplar los recursos económicos, insumos y prestaciones veterinarias necesarios. La propuesta establece expresamente que no se podrá trasladar a las organizaciones el costo de una política pública ni obligarlas a recibir animales cuando no tengan capacidad o recursos suficientes.

También dispone que los municipios deberán prever anualmente partidas presupuestarias para atención veterinaria, castración, vacunación, desparasitación, identificación y alojamiento transitorio.

Una iniciativa que ya cuenta con el respaldo de organizaciones de distintas provincias

El proyecto incorpora, entre sus últimas páginas, un amplio listado de organizaciones y agrupaciones que manifiestan su respaldo a la propuesta.

Entre ellas aparecen entidades de protección animal, asociaciones civiles, grupos de rescate, refugios y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los animales de distintas provincias argentinas.

En el material también figuran agrupaciones vinculadas con San Nicolás y la región, como Perros en Adopción San Nicolás de los Arroyos y Ayuda Perruna Conesa, además de numerosas organizaciones de Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y otras jurisdicciones.

La inclusión de estas organizaciones muestra el alcance territorial que busca tener la iniciativa y el acompañamiento que reúne dentro del movimiento proteccionista.

El objetivo: llevar el proyecto a los concejos deliberantes de todo el país

La propuesta está diseñada como un modelo de ordenanza municipal, de manera que pueda ser presentada y debatida en los concejos deliberantes de distintas localidades argentinas.

En el caso de San Nicolás, Darian Noto tiene previsto impulsar su presentación ante el Honorable Concejo Deliberante durante 2027.

Su trabajo como voluntario de la Red de Políticas Públicas y su participación en iniciativas de control poblacional y actividades territoriales de Salud Animal forman parte del recorrido que viene desarrollando en torno a esta temática.

El proyecto abre un debate que involucra diferentes dimensiones: la protección animal, la salud pública, las políticas municipales de castración, el funcionamiento de los refugios, la adopción responsable y los límites de la comercialización de seres vivos.

Por el momento, se trata de un proyecto de ordenanza y no de una norma vigente. Su eventual aplicación dependerá de la presentación formal, el tratamiento legislativo y la aprobación de cada concejo deliberante.

La propuesta también plantea un desafío para los gobiernos locales: si avanzan con una prohibición de estas características, deberán contar con recursos, infraestructura y mecanismos de control que permitan cumplirla y garantizar que ningún animal quede desprotegido durante el proceso.

Proyecto completo

Lectura rápida

  • Iniciativa: proyecto de ordenanza para prohibir los criaderos comerciales de perros y gatos.
  • Impulsor: Darian Noto, voluntario de la Red de Políticas Públicas.
  • Origen: es oriundo de Conesa y actualmente vive en Rosario.
  • Formación: estudia Relaciones Internacionales (RRII) en Rosario.
  • Trabajo territorial: coordinó a las personas que concurrieron al tráiler de Salud Animal la semana pasada.
  • Otras iniciativas: impulsa el Plan de Control Poblacional.
  • Alcance: presentación del proyecto en municipios de todo el país.
  • San Nicolás: se prevé impulsar su tratamiento en el Concejo Deliberante durante 2027.
  • Qué propone: prohibir la reproducción y comercialización de perros y gatos con fines de lucro.
  • Qué no prohíbe: adopciones, rescates, tránsito y entregas voluntarias sin finalidad comercial.
  • Sanciones: apercibimientos, multas, clausuras, inhabilitaciones y puesta a resguardo de animales.
  • Transición: prohibición inmediata de nuevos procesos reproductivos y plazo de hasta 180 días para el cierre de los establecimientos existentes.
  • Responsabilidad municipal: fiscalización, castraciones, atención veterinaria, alojamiento y recursos para la reubicación.
  • Estado actual: es un proyecto, todavía no una ordenanza aprobada.

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