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Procesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le prohibieron salir del país

El juez federal Lino Mirabelli dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del exdiputado. La causa investiga una transferencia de US$200.000 que recibió en 2020 y su vinculación con el empresario Federico “Fred” Machado.

La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves 22 de octubre de 2026 al exdiputado nacional José Luis Espert en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos. La resolución incluye un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.

La medida fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli y se relaciona con una transferencia de US$200.000 recibida por Espert en 2020, cuyo origen y justificación son objeto de investigación judicial.

El expediente busca determinar si ese dinero correspondió a servicios de asesoramiento efectivamente prestados o si formó parte de una operación destinada a dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.

El procesamiento representa un avance en la investigación, pero no constituye una condena ni determina de manera definitiva la responsabilidad penal del exlegislador.

La transferencia de US$200.000 bajo investigación

La causa examina el pago que Espert recibió de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, relacionado con investigaciones por delitos financieros en Estados Unidos.

Según la información difundida sobre el expediente, la transferencia llegó a una cuenta bancaria de Espert en ese país y fue realizada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa vinculada a la estructura comercial investigada.

Espert sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento con la compañía minera guatemalteca Minas del Pueblo. La fiscalía, en cambio, sospecha que ese acuerdo habría sido utilizado para justificar una transferencia de origen ilícito.

La investigación deberá establecer las circunstancias de la operación, la documentación que la respaldó y el destino posterior de los fondos.

También fue procesado su contador

La resolución judicial alcanzó además a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, a quien se atribuye una presunta participación necesaria en la maniobra investigada. Para él se dispuso un embargo de $700 millones.

También se informó sobre un embargo de $500 millones para Varianza S.A., una sociedad vinculada al entorno familiar del exdiputado.

Estas medidas patrimoniales buscan resguardar los bienes alcanzados por la decisión judicial mientras avanza el expediente. Su imposición no reemplaza el análisis de las pruebas ni determina por sí misma la culpabilidad de las personas involucradas.

Los antecedentes de la causa

La investigación se inició en 2025 a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois. Desde entonces, la Justicia analiza la transferencia de dinero, su documentación y los posibles vínculos con operaciones investigadas en el exterior.

En agosto de 2026, Espert presentó un descargo ante la Justicia y pidió su sobreseimiento. En esa presentación defendió la legalidad del pago y sostuvo que había sido realizado en el marco de un contrato de asesoramiento.

Días antes del procesamiento, la Cámara Federal de San Martín había rechazado planteos de la defensa destinados a cuestionar actuaciones de la investigación. Esa decisión permitió que la causa continuara su curso, aunque no resolvía por sí misma la situación procesal de Espert.

Con el nuevo pronunciamiento, el expediente avanza hacia una etapa en la que deberán examinarse los elementos reunidos y las responsabilidades que pudieran corresponder.

Lectura rápida

¿Qué resolvió la Justicia?

Procesó a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de activos, le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país.

¿Quién tomó la decisión?

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

¿Qué investiga la causa?

Una transferencia de US$200.000 recibida por Espert en 2020 y su vinculación con una firma relacionada con Federico “Fred” Machado.

¿Qué sostuvo Espert sobre el dinero?

Afirmó que correspondía a un contrato de asesoramiento con una empresa minera de Guatemala.

¿El procesamiento significa que fue condenado?

No. Es una decisión judicial que permite avanzar con la causa y no equivale a una condena penal definitiva.

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