El empleo público nacional perdió 75.260 puestos desde diciembre de 2023

La reducción del empleo público nacional superó los 75.000 puestos desde diciembre de 2023, de acuerdo con las estadísticas difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La dotación pasó de 341.465 personas al comienzo del período a 266.205 en septiembre de 2026.

La diferencia representa una caída de 75.260 puestos, equivalente a aproximadamente el 22% de la planta relevada. El fenómeno alcanza tanto a las dependencias de la Administración Pública Nacional como a empresas y sociedades con participación estatal.

El dato vuelve a poner en discusión el alcance de la política de reducción del Estado impulsada por el Gobierno nacional y sus consecuencias sobre el mercado laboral y la prestación de servicios públicos.

Septiembre volvió a mostrar una caída del empleo estatal

La tendencia continuó durante el último mes medido. Según el INDEC, en septiembre la dotación disminuyó en 2.199 personas respecto de agosto, lo que representa una baja mensual del 0,8%.

En la comparación interanual, la reducción llegó al 6,1%, equivalente a 17.176 puestos menos que en septiembre de 2025.

La caída se distribuyó entre diferentes estructuras de la administración y las empresas estatales. De esta manera, el ajuste no quedó limitado a los ministerios, sino que también alcanzó a organismos descentralizados y compañías que desarrollan actividades en distintos sectores de la economía.

Los organismos y empresas alcanzados

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el 30 de octubre, identificó importantes reducciones de personal en distintas dependencias y empresas públicas.

Entre los casos destacados aparecen el Correo Argentino, la Operadora Ferroviaria, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. También menciona organismos como ANSES, ARCA y CONICET.

La reducción de personal en estas áreas plantea interrogantes sobre la capacidad operativa del Estado. Se trata de estructuras vinculadas con servicios cotidianos, la administración de prestaciones sociales, la recaudación tributaria, la investigación científica y el acompañamiento técnico a distintos sectores productivos.

No obstante, la cantidad de trabajadores por sí sola no permite determinar cuánto cambiaron los tiempos de atención, la calidad de las prestaciones o los resultados de cada organismo.

El impacto económico y social del ajuste

La disminución de puestos estatales tiene una primera consecuencia directa sobre el mercado laboral: hay menos personas registradas trabajando en el conjunto de organismos y empresas comprendidos en la medición.

También abre una discusión sobre el impacto territorial. Los empleos públicos generan ingresos para miles de hogares y sostienen actividad económica en distintas localidades, mientras que los organismos nacionales cumplen funciones que exceden la administración interna.

Por eso, el debate no se limita al tamaño de la estructura estatal. También involucra qué tareas debe realizar el Estado, qué recursos necesita para cumplirlas y cómo se evalúa la eficiencia de los servicios que reciben los ciudadanos.

La discusión económica enfrenta dos cuestiones: el objetivo oficial de reducir el gasto y la necesidad de preservar las capacidades operativas de las instituciones públicas.

Con los datos de septiembre, la tendencia de reducción del empleo público nacional continúa vigente. El próximo relevamiento permitirá conocer si la dotación vuelve a disminuir durante octubre.

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