SAN NICOLÁS

Proponen que la Provincia administre el Ecoparque de San Nicolás como reserva natural

Los diputados bonaerenses Fabián Luayza y Viviana Romano, que actualmente integran el bloque Nuevos Aires, presentaron un proyecto para transformar el Ecoparque en el Parque Provincial Rafael de Aguiar. La iniciativa propone una superficie de unas 2.913 hectáreas y un nuevo esquema de administración y conservación.

El futuro del Ecoparque de San Nicolás volvió a instalarse en la agenda política bonaerense. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados provincial propone incorporar el área al sistema de reservas naturales y convertirla en el Parque Provincial Rafael de Aguiar, con una superficie aproximada de 2.913 hectáreas.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados Fabián Luayza y Viviana Romano, quienes llegaron a la Legislatura en 2023 por La Libertad Avanza y actualmente integran el bloque Nuevos Aires. El expediente fue identificado como D-3921/26-27.

La propuesta no se limita a modificar la denominación del espacio: contempla una nueva estructura de administración y establece medidas destinadas a la conservación ambiental. De avanzar, cambiaría el esquema actual de gestión y aumentaría la intervención de organismos provinciales en las decisiones vinculadas con el área.

Qué propone el proyecto para el Ecoparque

La iniciativa busca incorporar el territorio al sistema provincial de reservas y parques naturales, bajo el régimen de protección establecido por la Ley 10.907.

Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de una Comisión Administradora del Parque Provincial Rafael de Aguiar, encargada de coordinar la gestión y la conservación del espacio. El proyecto también prevé que el Poder Ejecutivo bonaerense determine la autoridad de aplicación y contempla la designación de un guardaparques remunerado.

Además, se propone la participación de organismos vinculados con la vigilancia y la protección ambiental, entre ellos la Policía Ecológica y la Prefectura Naval.

El área abarca ambientes de barrancas, lagunas, humedales, sectores insulares y cuerpos de agua relacionados con el río Paraná y el arroyo Yaguarón. La propuesta busca establecer pautas para preservar esos ecosistemas y limitar las actividades que puedan alterarlos.

Las razones que esgrimen los impulsores

Luayza y Romano fundamentan la iniciativa en lo que consideran deficiencias en la conservación y custodia del territorio. Entre los aspectos cuestionados mencionan intervenciones y usos que, según su postura, serían incompatibles con la protección ambiental.

Estos argumentos corresponden a los fundamentos de los autores del proyecto y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial o administrativa sobre eventuales responsabilidades del Municipio.

El texto contempla restricciones para actividades que puedan afectar el ecosistema, entre ellas los desmontes no autorizados, los movimientos de suelo incompatibles con la conservación, la extracción de materiales y la circulación de determinados vehículos en sectores protegidos. También prevé limitar emprendimientos inmobiliarios, industriales o comerciales de gran escala que impliquen una pérdida o fragmentación del humedal.

Otro punto establece que las construcciones existentes que no se ajusten a los objetivos de conservación podrían ser desmanteladas, con la finalidad de recuperar las condiciones naturales del área.

Qué pasaría con las playas El Arenal y Barranquitas

Uno de los aspectos relevantes de la propuesta es el tratamiento de las playas El Arenal y Barranquitas, cuyo acceso público se encuentra condicionado por la situación judicial vigente.

Según el contenido difundido del proyecto, se contempla permitir el uso recreativo de ambas playas y el funcionamiento de instalaciones y servicios para los visitantes, siempre que sean compatibles con los objetivos de protección ambiental y con el plan de manejo.

También se prevén condiciones para el acceso mediante lanchas colectivas, a pie o con vehículos terrestres no motorizados, de acuerdo con las disposiciones que establezca la autoridad competente.

Por lo tanto, la propuesta no plantea necesariamente eliminar el uso recreativo de esos sectores, sino establecer condiciones para compatibilizarlo con la conservación del entorno natural. Su eventual implementación dependerá de la aprobación legislativa y de las demás condiciones legales aplicables.

El debate se suma al proceso local sobre la regulación del área. En una publicación anterior, Opinando San Nicolás informó sobre la consulta ciudadana para definir el futuro del Ecoparque y las playas, que recibió 4.850 presentaciones. Además, el Municipio había impulsado una normativa propia para regular la conservación y el uso sustentable del espacio, con medidas y sanciones previstas para las infracciones.

Un nuevo capítulo en la discusión por la administración

El proyecto abre una nueva discusión sobre quién debe administrar el Ecoparque, cómo deben distribuirse las responsabilidades entre los distintos niveles del Estado y qué condiciones deben regir para el uso público del lugar.

Si la iniciativa prospera, la administración quedaría organizada mediante un esquema con intervención provincial, una comisión administradora y mayores herramientas de vigilancia y conservación. Los detalles definitivos dependerán del texto que avance durante el tratamiento legislativo y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

Por ahora, se trata de una propuesta legislativa que deberá atravesar el proceso correspondiente en la Legislatura bonaerense. No implica, por sí sola, que el control del Ecoparque haya sido transferido a la Provincia ni que se hayan modificado las condiciones actuales de acceso a las playas.

Lectura rápida

¿Qué quieren hacer con el Ecoparque?

Transformarlo en el Parque Provincial Rafael de Aguiar e incorporarlo al sistema bonaerense de reservas naturales.

¿Quiénes presentaron el proyecto?

Los diputados provinciales Fabián Luayza y Viviana Romano, actualmente integrantes del bloque Nuevos Aires.

¿Cuántas hectáreas abarcaría?

Aproximadamente 2.913 hectáreas.

¿Qué cambiaría en la administración?

Se propone crear una comisión administradora, incorporar un guardaparques remunerado y dar intervención a organismos provinciales y nacionales en tareas de vigilancia y conservación.

¿Qué plantea sobre El Arenal y Barranquitas?

Contempla mantener su uso recreativo bajo condiciones compatibles con la protección ambiental y el plan de manejo.

¿Ya se aprobó el cambio?

No. Es un proyecto legislativo y todavía debe atravesar el tratamiento correspondiente.

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