El Gobierno envió al Congreso un proyecto para endurecer sanciones por la explotación de recursos en Malvinas
La iniciativa denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional también crea un Consejo de Seguridad Nacional, modifica reglas sobre defensa y contempla nuevas herramientas frente a amenazas externas.
El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que propone endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental.
La presentación fue confirmada por la Oficina del Presidente, que señaló que el proyecto busca reemplazar el régimen vigente de la Ley 26.659 e incorporar un esquema más amplio de sanciones penales y económicas.
Según el texto difundido por Noticias Argentinas, la iniciativa también crea un Consejo de Seguridad Nacional, modifica aspectos de la Ley de Defensa Nacional y establece mecanismos para actuar ante amenazas externas que afecten intereses considerados estratégicos por el Estado.
Penas de hasta 20 años por explotación no autorizada
Uno de los ejes principales es el régimen aplicable a la explotación de recursos naturales en Malvinas y áreas marítimas vinculadas.
La propuesta amplía las prohibiciones, que dejarían de limitarse a la actividad hidrocarburífera para abarcar cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos renovables y no renovables. También podrían quedar alcanzados proveedores, socios, accionistas y controlantes de las empresas involucradas.
Las penas previstas llegarían hasta 20 años de prisión, además de multas, inhabilitaciones y otras consecuencias económicas.
Las empresas sancionadas tampoco podrían desarrollar actividades económicas en Argentina, acceder a determinados beneficios ni contratar con el Estado. El proyecto prevé además la creación de un registro público de infractores.
Un Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente de la Nación.
Según la información difundida, estaría integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, representantes de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Su función sería coordinar acciones en materia diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras consideradas críticas.
Medidas sobre el espacio aéreo y marítimo
El proyecto también establece procedimientos para actuar frente a aeronaves o buques considerados hostiles.
En el caso de aeronaves, contempla una secuencia que incluiría identificación, advertencias, demostración de fuerza y, como último recurso, el uso de la fuerza por orden presidencial o de una autoridad delegada.
Para embarcaciones se prevén medidas progresivas como persecución, inspección y disparos de advertencia. El hundimiento quedaría limitado a situaciones excepcionales y requeriría autorización presidencial, según la descripción del proyecto difundida por Noticias Argentinas.
Restricciones ante amenazas externas
La iniciativa habilitaría además la adopción de medidas temporales frente a amenazas externas graves e inminentes.
Entre las herramientas mencionadas aparecen restricciones sobre operaciones financieras, bloqueo temporal de activos, suspensión de determinadas autorizaciones o contrataciones, limitaciones al comercio exterior y modificaciones transitorias de derechos aduaneros.
Estas medidas deberían tener fundamento, un plazo determinado y quedar sin efecto cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su aplicación.
Cambios sobre financiamiento e influencia extranjera
El proyecto también propone nuevas restricciones vinculadas con la participación extranjera en la política argentina.
Entre ellas figura la prohibición de aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas electorales.
Además, se incorporarían figuras penales vinculadas con la revelación de información reservada a Estados extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y determinadas acciones financiadas desde el exterior destinadas a interferir en procesos electorales.
También se propone dar rango legal al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
El proyecto ahora deberá atravesar el tratamiento correspondiente en la Cámara de Diputados y, si obtiene aprobación, continuar su trámite en el Senado.
Lectura rápida
¿Qué presentó el Gobierno?
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
¿Qué propone para la explotación de recursos en Malvinas?
Endurecer penas y ampliar las sanciones a empresas, proveedores, socios y otras personas vinculadas con actividades no autorizadas.
¿Cuál sería la pena máxima?
Hasta 20 años de prisión, según el proyecto difundido.
¿Qué organismo nuevo se crearía?
Un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente.
¿La iniciativa ya es ley?
No. Fue enviada al Congreso y debe atravesar el tratamiento legislativo correspondiente.
