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Malvinas: la disputa con el Reino Unido suma sanciones, petróleo y una nueva etapa diplomática

El proyecto petrolero Sea Lion quedó en el centro de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno argentino. Mientras Londres mantiene su posición sobre las islas, la cuestión vuelve a ocupar un lugar central en la agenda internacional.

La disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas atravesó durante septiembre una nueva etapa, marcada por medidas administrativas y judiciales contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos, respuestas británicas y una mayor actividad diplomática.

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En el centro de la discusión aparece el proyecto Sea Lion, impulsado por compañías que prevén desarrollar un yacimiento petrolero en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades requieren autorización nacional y avanzó con procedimientos contra empresas y personas relacionadas con esos emprendimientos.

El Reino Unido, por su parte, mantiene su posición sobre la soberanía del archipiélago y considera que la actividad económica en las islas se encuentra bajo su legislación. Argentina rechaza ese criterio y sostiene que existe una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.

De 45 a 60 procedimientos por actividades hidrocarburíferas

Uno de los primeros movimientos del Gobierno se produjo el 3 de septiembre, cuando Javier Milei anunció una serie de medidas relacionadas con Malvinas y el avance de Sea Lion.

Al día siguiente, la Cancillería inició procedimientos administrativos contra 45 personas humanas y jurídicas que, según el Ejecutivo, podrían estar vinculadas con actividades hidrocarburíferas alcanzadas por la Ley 26.659.

El 8 de septiembre se incorporaron otros 15 sujetos y el total llegó a 60 expedientes en trámite. La apertura de esos procedimientos no implica que las sanciones estén firmes: las eventuales responsabilidades deben determinarse dentro de cada expediente.

El Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial, designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de esa legislación y estableció nuevos mecanismos y plazos para tramitar posibles incumplimientos.

También hubo denuncias penales y una nueva coordinación estatal

El Gobierno sumó además denuncias penales contra compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona en disputa.

Entre ellas aparecen Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. Según la presentación oficial, las empresas estarían alcanzadas por las prohibiciones previstas en la legislación argentina.

Posteriormente, el Ejecutivo creó mediante el Decreto 983/2026 el Sistema de Articulación de la Política Exterior, coordinado por Cancillería.

La norma establece mecanismos para que los organismos de la Administración Pública informen determinadas actividades internacionales que puedan incidir en la política exterior y contempla expresamente aquellas relacionadas con Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El Reino Unido y Argentina cruzaron posiciones

La tensión también alcanzó el plano comercial.

El 15 de septiembre, la Cancillería argentina rechazó una guía difundida por el Gobierno británico para empresas interesadas en realizar negocios vinculados con las islas. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino sostuvo que esa promoción comercial e hidrocarburífera desconoce la posición nacional sobre los territorios y los recursos naturales.

Londres, en cambio, reiteró su posición de que las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago se rigen por la legislación británica y sostiene el principio de autodeterminación de sus habitantes.

Argentina rechaza la aplicación de ese principio al caso Malvinas y basa su reclamo diplomático, entre otros antecedentes, en las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y los instan a negociar.

El factor Estados Unidos

Otro elemento que tomó relevancia durante 2026 fue la posición estadounidense.

En abril, una información publicada a partir de un correo interno del Pentágono planteó la posibilidad de revisar apoyos diplomáticos de Washington a determinadas posiciones europeas, con una referencia a las Malvinas.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses aclararon posteriormente que la postura oficial de Estados Unidos continuaba siendo de neutralidad respecto de los reclamos de soberanía de Argentina y el Reino Unido.

El tema volvió a cobrar fuerza en septiembre luego de nuevas declaraciones de Donald Trump. Según reconstruyó Infobae, el episodio generó expectativas dentro del Gobierno argentino, aunque hasta el momento no existe una decisión formal de Washington que modifique su posición diplomática sobre la soberanía.

El Congreso también tiene un proyecto sobre Malvinas

El 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa propone reemplazar el régimen actualmente establecido por la Ley 26.659, ampliar herramientas frente a la explotación no autorizada de recursos naturales y crear un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional.

El proyecto todavía debe atravesar el tratamiento parlamentario y no es una ley vigente.

Con esas medidas en marcha, la cuestión Malvinas vuelve a combinar el histórico reclamo de soberanía con una disputa concreta por la explotación de recursos naturales y una agenda diplomática que continuará desarrollándose en los organismos internacionales.

Lectura rápida

¿Qué proyecto petrolero está en el centro de la disputa?
Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

¿Cuántas personas y empresas están bajo procedimientos administrativos?
El Gobierno informó el inicio de actuaciones contra 60 sujetos entre personas humanas y jurídicas.

¿Ya fueron sancionados?
No necesariamente. Los procedimientos deben determinar las responsabilidades y eventuales sanciones.

¿Qué establece el Decreto 983/2026?
Creó un sistema para coordinar la política exterior entre organismos nacionales, incluyendo asuntos relacionados con Malvinas.

¿El nuevo proyecto de soberanía ya es ley?
No. Fue enviado al Congreso el 17 de septiembre y debe ser tratado por el Poder Legislativo.

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